El Tribunal Supremo, obligado a arreglar el caos hipotecario
En dos días, el Tribunal Supremo ha revolucionado todo el sistema hipotecario español. Primero fueron las cláusulas suelo, luego las hipotecas multidivisas y ahora los gastos de la hipoteca. El alto tribunal dictó el pasado 18 de octubre que los bancos deberían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no el cliente como hasta ahora, basándose en que son las entidades financieras quienes están interesadas en inscribir la operación y elevarla a escritura pública y no los que solicitan el préstamo.
Y al día siguiente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo congeló esta sentencia a la espera de la decisión que tomará el Pleno del Tribunal Supremo convocado para el día 5 de noviembre, aduciendo el tremendo impacto económico que podría tener para el sistema financiero español la reclamación de tan ingentes cantidades de dinero por parte de los consumidores, poniendo en tela de juicio la independencia y separación de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, fundamentos de la democracia.
Así que ahora le toca al Tribunal Supremo crear jurisprudencia y poner orden en todo el caos vivido en estos días previos a saberse la resolución final, en los que la banca temió que tendría que devolver más de 4.000 millones de euros, según estima la agencia de calificación Moody´s -y que algunos expertos incluso elevan a los 9.000 millones de euros- a los más de 1,1 millones de afectados si tomamos en cuenta, en el mejor de los casos, las hipotecas constituidas desde 2014. Y en el que, por ejemplo, para una hipoteca de 200.000 euros en Madrid del año 2016, la cantidad a reclamar asciende a 2.250 euros.
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