La Administración y los promotores necesitan acercar posturas
El Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez, tras ganar una inesperada moción de censura al PP de Mariano Rajoy, tiene entre los numerosos frentes abiertos ante sí, uno muy importante para el sector inmobiliario: el de apaciguar los exaltados ánimos del colectivo de los promotores y constructores españoles, cansados de la lentitud e ineficiencia de las administraciones, como quedó patente en su último congreso celebrado recientemente en Madrid.
Un sector que genera aproximadamente el 10% de la riqueza nacional debe ser respetado y valorado por las instituciones. Aunque el tema viene de lejos, sigue sin ser de recibo que, en un momento en el que viene de nuevo el viento de cola, se coloquen “palos en la rueda” de la actividad. Se genere inseguridad jurídica, se produzcan situaciones inverosímiles, e incluso vulneraciones de la Ley del Suelo que, en opinión de estos empresarios, conllevan un aumento desproporcionado del precio del suelo y de las viviendas, especialmente en las dos grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona, curiosamente gobernadas por las denominadas corporaciones del “cambio”.
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