2020 ha sido difícil en lo económico, pero sobre todo doloroso por la pérdida de vidas y muy duro por lo que supone y supondrá en nuestra forma de vivir. La pandemia no solo nos confinó en nuestras casas, sino que, a la fuerza, nos ha vuelto un poco hipocondriacos. El Covid nos obliga a mantener la llamada distancia social, que es solo el eufemismo que nos recuerda que tenemos que alejarnos de quien tenemos al lado porque puede ser un transmisor del virus en potencia. Y esos cambios obligados en las relaciones humanas, que han traído una lógica y necesaria obsesión por la limpieza y la higiene, han afectado, momentáneamente o quizá para siempre, a nuestra vida social, pero también a la forma de hacer negocios y de trabajar, dado que es peligroso para nuestra salud dar un simple apretón de manos.
El coronavirus está afectando a todos los segmentos inmobiliarios, aunque de distinta manera. Ha impulsado la logística, gracias al crecimiento del comercio on-line, mientras que en residencial ha cambiado las preferencias y puesto en cuarentena la demanda potencial por las presentes y futuras dificultades económicas de las familias. La contratación de oficinas vive su particular compás de espera por el teletrabajo y la distancia social. Aunque los peor parados han sido los hoteles junto a los operadores de comercio y ocio, duramente golpeados por las restricciones impuestas por la situación sanitaria.
Nunca ha habido tantas ganas de decir adiós a un año como a este nefasto 2020, pero además de despedirle con todas las esperanzas puestas en su sucesor sería importante unir fuerzas para intentar que en 2021 el ritmo de la recuperación económica fuera lo más rápido posible.
Dicen que todas las crisis cambian las cosas, de una manera o de otra, y la provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto, más que nunca, las ventajas de una colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas. Una cooperación que, en el caso del sector inmobiliario, no solo evitaría el cierre de empresas y crearía puestos de trabajo, sino que se antoja especialmente necesaria para paliar el problema de acceso a la vivienda que se ha visto agravado por la situación derivada de la pandemia.
Y ya no estamos hablando de frases hechas y buenas intenciones sino de tomar decisiones concretas respecto a la utilización que se dé a las ayudas que recibirá España de los fondos europeos, empezado por los 1.651 millones que, procedentes de Bruselas, se incluyen en los Presupuestos de Generales del Estado de 2021 para políticas de vivienda. O de cómo se desarrolle el Plan 20.000, con el que se quiere dar impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible fomentando la participación público-privada.
En las distintas jornadas de SIMAPro 2020 ha quedado claro que las empresas no se ponen de perfil y ofrecen su experiencia, capacidad y conocimiento técnico a las administraciones para impulsar la inversión en vivienda e infraestructuras. Una elevada profesionalización del sector en España que la Administración podría aprovechar, en beneficio de las arcas públicas, ahora que las necesidades sociales son muchas a consecuencia de la pandemia. A cambio, tal y como ha insistido durante todo el año Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), los agentes privados piden confianza y estabilidad.
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