Hablar de alquiler es hablar del presente y del futuro de la vivienda en España, ya que arrendar –motivos sociológicos aparte– se ha convertido en la única opción de quienes no tienen ahorros suficientes para comprarse una casa, al no disponer del 20% del precio que no financian los bancos.
Según un estudio reciente de CaixaBank Research, el 49% de los inquilinos en España tiene un nivel de ingresos suficiente para comprar una vivienda, pero solo el 13% ha conseguido ahorrar lo necesario para solicitar un préstamo hipotecario. Una situación agravada por el aumento del paro y el aluvión de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que nos ha traído el coronavirus.
Así las cosas, el debate que está sobre la mesa es conseguir que los colectivos más vulnerables no se queden sin techo por no poder pagar las rentas. La solución no es sencilla, ya que hay que armonizar la economía de mercado y la justicia social, pero existe un amplio consenso entre economistas y expertos inmobiliarios en que la salida –tanto para quien quiere comprar una casa como para el que opta por alquilarla– pasa por aumentar la oferta sobre la demanda para presionar los precios a la baja.
En el caso concreto del alquiler consideran que la respuesta pasa por poner en el mercado inmuebles con rentas asequibles, fomentando la colaboración público-privada para construir edificios dedicados al alquiler social, pero dudan que intervenir el mercado y limitar los precios vaya a arreglar las cosas, especialmente porque no parece de recibo tratar de uniformar el mercado a golpe de legislación, obligando a alquilar al mismo precio viviendas que se mueven en diferentes nichos, ya que dicha circunstancia desanimaría a los propietarios que podrían optar por vender o dejar el piso vacío.
Sin embargo, parece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue con sus planes de limitar el precio de los alquileres en la futura Ley de Vivienda, presionado por Unidas Podemos, su socio de gobierno.
El Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo dio luz verde al Informe de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye la puesta en marcha de mecanismos para controlar el precio del alquiler en los mercados tensionados y donde se hayan producido subidas abusivas. El texto aprobado insiste en que la próxima Ley de Vivienda “regulará los precios del alquiler dentro de éstas, tal y como se hace ya en numerosos países de la Unión Europea”.
Sin embargo, la Justicia alemana ha dejado en evidencia los argumentos utilizados por el exvicepresidente Pablo Iglesias y sus constantes alusiones a las bondades del modelo de regulación del mercado de alquiler de Berlín, que ha servido de referencia para muchas de las propuestas legislativas en España, como las que ha que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona. El Tribunal Constitucional alemán ha tumbado la controvertida ley berlinesa de congelación de alquileres –que fija límites a los precios- y aunque lo ha hecho por una cuestión de competencias, los detractores de este tipo de medidas ven en dicho fallo judicial un aviso a navegantes, con el problema añadido para los inquilinos de que deberán devolver a los propietarios el dinero que se ‘ahorraron’.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que preside Joan Clos, califica la sentencia germana “de un nuevo golpe al control de precios, una medida cuya principal consecuencia es la reducción de la oferta, ya que muchos propietarios retiran sus viviendas del mercado”. Y esgrime como muestra los datos del Instituto IFO alemán, que indican que en el año y medio que lleva la medida en vigor en Berlín, la oferta de inmuebles en alquiler se ha reducido un 40%.
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