Los jueces echan leña al fuego de la ley de vivienda

Ana M. Pastor, directora de  El Inmobiliario mes a mes

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que inicia ahora su trámite parlamentario sin perder un ápice de la controversia que siempre ha rodeado a la norma desde que se conocieron las principales herramientas con las que el Gobierno quiere controlar el mercado residencial y, especialmente, los precios del alquiler. Por el contrario, el informe muy desfavorable del Consejo General del Poder Judicial ha echado más leña al fuego, ya que parece dar la razón a las voces que desde el sector inmobiliario advierten de la inseguridad jurídica que puede provocar, dando lugar a un aluvión de litigios en los tribunales.

Los jueces cuestionan el encaje constitucional de la nueva ley, por lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que llevará a los tribunales la ley si la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ratifica la invasión de competencias autonómicas que denuncia el CGPJ en su informe.

Por su parte, María Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) avisa que “la discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler supone, en la práctica, una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española”. Y hace hincapié en que “esta limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles generará una enorme inseguridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión Europea”.

Otra cuestión al margen de la litigiosidad que podría provocar la normativa, calificada por los jueces de farragosa, es que su marcado carácter intervencionista podría provocar que suban las rentas de alquiler, justo lo contario de lo que pretende, al frenar la inversión. Y ello justo en un momento en que, a través de operaciones build to rent, se están firmando operaciones que pondrán en el mercado un número importantes de viviendas en alquiler, unas casas a estrenar e integradas en los nuevos desarrollos que las promotoras están levantando por toda España gracias al interés de los inversores institucionales.

El Gobierno también ha aprobado otra de sus medidas estrella: el denominado Bono Alquiler Joven, con el que se pretende facilitar el acceso a la vivienda a unos 70.000 jóvenes mediante una subvención de 250 euros al mes. En este caso, la ayuda se considera positiva pero con poco recorrido y se avisa que es muy probable que no alcance el efecto deseado, puesto que no solucionará el problema juvenil en las zonas donde las rentas son más elevadas, especialmente Madrid y Barcelona.

Uno de los requisitos para solicitar el bono es que la cuantía máxima del alquiler de la vivienda habitual no supere los 600 euros mensuales, dejándose en manos de las comunidades autónomas aumentar este límite hasta los 900 euros al mes. Pero la cuestión es que -según el análisis “Impacto del bono joven según la oferta y precios” que ha realizado Fotocasa- solo el 38,8% de la oferta de viviendas en alquiler de las 50 capitales de provincia cumplen con el límite de renta de los 600 euros. Una oferta que se reduce aún más en Madrid y Barcelona.

Según dicho portal, en Madrid la oferta de viviendas por debajo de los 600 euros es tan solo del 1,4%, mientras que en Barcelona es todavía más escasa, del 0,8%. E, incluso, si se eleva esa cantidad a los 900 euros, el porcentaje de viviendas disponibles tampoco es muy alto: en Madrid el 29% y en Barcelona el 18%.

Además, algunos expertos temen que esta medida, si no se amplía la oferta de pisos en alquiler, provoque una subida de precios por parte de los caseros como sucede habitualmente en el caso de las ayudas directas.

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