PSOE y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que pondrá topes a los precios de alquiler en zonas de mercado tensionadas. La medida se ha precipitado por la necesidad de los socialistas de llegar a un acuerdo con sus socios de gobierno a fin de que la formación de Pablo Iglesias diera el visto bueno a los Presupuestos de 2021, a pesar de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, era partidario de esperar hasta que se normalice el mercado de la vivienda que se está viendo alterado por la pandemia.
Y precisamente eso -que se apruebe en plena segunda ola del coronavirus únicamente por una cuestión de aritmética parlamentaria- es una de las razones que desde el sector inmobiliario argumentan para su rechazo, ya que sostienen que el mercado se está autorregulando debido al covid-19 y que es el peor momento para acometer una intervención pública.
Desde Fotocasa, por ejemplo, aseguran que los precios de las rentas, que en 2019 llegaron a máximos en muchas comunidades, están tendiendo a la baja, fruto de la crisis económica y de la menor demanda en las principales urbes de nuestro país, y afirman que “los mercados más tensionados como pueden ser Madrid o Barcelona ya hace meses que están presentando ajustes importantes en los precios de los alquileres”. Aunque asociaciones de inquilinos y de consumidores consideran, por el contrario, que el escenario actual -con muchas familias con problemas para pagar la mensualidad- es el mejor momento para actuar, ya que las rentas no han descendido todo lo que tenían que bajar, a pesar del aumento de la oferta derivado de que muchos pisos turísticos se hayan pasado al residencial.
Junto a la oportunidad de la medida, otra cuestión que está sobre la mesa son los problemas jurídicos que tendría la norma si se aplicase a los contratos vigentes de manera retroactiva como quiere el Gobierno, ya que estos días se suceden las advertencias de juristas que alertan que hacerlo chocaría con la Constitución y el Código Civil. Una inseguridad jurídica que puede ahuyentar a los inversores en el sector residencial del alquiler, que se están mostrando muy activos a pesar de la crisis sanitaria.
Al mismo tiempo, los expertos vienen denunciando que una regulación como la que se pretende hacer puede provocar efectos indirectos que lejos de solucionar el problema lo agravarían, especialmente en el caso de los propietarios particulares. Avisan que la normativa podría derivar en una pérdida de ingresos de los pequeños propietarios, que son los principales caseros en nuestro país y a quienes las rentas les sirven para complementar sueldos o pensiones. Arrendadores que -si no encuentran seguridad ni rentabilidad en el arrendamiento- podrían decidir vender sus inmuebles, reduciendo la oferta, lo que contribuiría a aumentar los precios. Además, de que se podría frenar la rehabilitación de las viviendas alquiladas y fomentar la economía sumergida.
Visto todo lo que está en juego, es necesario que las futuras reglas del mercado de alquiler se hagan bien y fuera de intereses partidistas, aportando seguridad jurídica a inquilinos, propietarios e inversores y sobre todo incentivando la colaboración público-privada para desarrollar un parque de vivienda a precios asequibles, que es la única cuestión en la que todos los actores implicados están de acuerdo.
