El Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez, tras ganar una inesperada moción de censura al PP de Mariano Rajoy, tiene entre los numerosos frentes abiertos ante sí, uno muy importante para el sector inmobiliario: el de apaciguar los exaltados ánimos del colectivo de los promotores y constructores españoles, cansados de la lentitud e ineficiencia de las administraciones, como quedó patente en su último congreso celebrado recientemente en Madrid.
Un sector que genera aproximadamente el 10% de la riqueza nacional debe ser respetado y valorado por las instituciones. Aunque el tema viene de lejos, sigue sin ser de recibo que, en un momento en el que viene de nuevo el viento de cola, se coloquen “palos en la rueda” de la actividad. Se genere inseguridad jurídica, se produzcan situaciones inverosímiles, e incluso vulneraciones de la Ley del Suelo que, en opinión de estos empresarios, conllevan un aumento desproporcionado del precio del suelo y de las viviendas, especialmente en las dos grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona, curiosamente gobernadas por las denominadas corporaciones del “cambio”.
En el Congreso de la APCE que se celebró tras el SIMA, se volvió a escuchar aquello de que “la Administración sigue siendo la culpable número uno del incremento de los precios de la vivienda y que es urgente que las administraciones públicas se transformen”, pero ¿cómo? Siendo capaces de generar suelo y estableciendo unos plazos decentes en las concesiones de licencias. Tampoco faltaron voces partidarias de subir un tono más el nivel de exigencia por las paralizaciones que están sufriendo algunos proyectos y plantear demandas judiciales a las administraciones solicitando “responsabilidad patrimonial” por pérdidas o lucro cesante.
Aunque en líneas generales, el mensaje que más caló entre los 800 representantes del sector presentes en el evento es que en España existe una asimetría administrativa que debe ser neutralizada. “Es un servicio público que nos deben y no podemos entender cómo se pueden tardar meses, o incluso años, en conceder una licencia para un proyecto, y tres o cuatro meses para el permiso de primera ocupación”, concluía el responsable de una promotora francesa implantada, de momento, exclusivamente en las dos grandes plazas del país.
Al margen de las peleas con las administraciones locales, es evidente que los promotores y constructores españoles también tienen sus propias tensiones internas para atender a la duplicación de carga de trabajo que se ha producido desde 2013 hasta nuestros días. Como ellos mismo reconocen, el sector no tiene el dimensionamiento necesario para arrancar un sistema productivo tan industrial como les gustaría. Y por no tener, no tiene ni toda la mano de obra cualificada que necesita ni el stock de materiales suficiente para satisfacer en tiempo y forma a sus clientes.
Desde una perspectiva macro, “las constructoras siguen ancladas en un modelo tradicional que tienen que cambiar hacia una mentalidad tipo hipermercado”, que dirían algunos. De la misma manera que Solvia afirma que tan solo hay una docena de promotoras que cuentan con más de 100 millones de euros en activos y unas ventas superiores a los 40 millones. De hecho, las cinco primeras que lideraron el ranking de 2017, sólo aglutinan el 8% del mercado español, cuando en Francia ese mismo top 5 controla el 42% del mercado y en Reino Unido el 39%.
Menos mal que no hay una demanda disparatada, por lo que se puede atender en unos plazos razonables y con una ralentización creciente de los precios de la vivienda. Hoy lo que se nos viene encima, a decir de otros, es un cambio sociológico de relación con el cliente, que va a poder hablar de nuestras marcas, y esa va a ser nuestra auténtica “prueba del algodón”.