El acuerdo anunciado por el PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda ha provocado una verdadera tormenta y eso que no se conoce su letra pequeña y que el texto aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Las medidas que han salido a la luz -y con las que el Ejecutivo quiere intervenir el mercado del alquiler para desinflar los precios- ponen de manifiesto que tras un año de bloqueos y negociaciones, los socialistas han cedido a la presión de Podemos, que exigía que las Administraciones pudieran intervenir el mercado para controlar las rentas.
Por ello, el acuerdo contempla limitar por ley a los denominados grandes propietarios, es decir a las personas jurídicas que posean más de 10 viviendas, el precio de alquiler que pueden poner en las zonas tensionadas, incrementar el IBI un 150% a los particulares que tengan viviendas vacías y obligar a que el 30% de las nuevas promociones se destine a vivienda protegida. Además, la norma contempla rebajar los privilegios fiscales a los grandes tenedores y dar incentivos a los pequeños propietarios que bajen los precios.
La primera traba que encontraría la futura ley de vivienda es que deja en manos de las comunidades y de los ayuntamientos sus principales medidas, sin embargo el PP ya ha advertido que las autonomías y los municipios donde gobierna no aplicarán la norma si sale adelante tal y como está.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que piensa recurrir la ley al Tribunal Constitucional cuando se apruebe, pero también ha dejado claro que los presidentes autonómicos y alcaldes del principal partido de la oposición no aplicarán el tope a los precios para los pisos de los grandes propietarios, un rechazo frontal con el que la norma podría quedar en agua de borrajas, debido a que son las comunidades autónomas las que deben solicitar la declaración de área tensionada y son los ayuntamientos los que tienen que decidir si imponen el recargo del 150% en el IBI a las viviendas desocupadas.
Con el añadido de que en Madrid, una de las autonomías con las rentas de alquiler más elevadas, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, adelantan que no solo no cumplirán la ley, sino que están dispuestos a tomar medidas para desactivar su aplicación en sus feudos, lo que supone un importante varapalo para los objetivos del Gobierno central.
Por su parte, el sector inmobiliario se echa las manos a la cabeza. Se confirman sus temores a que vea la luz una ley intervencionista, sobre cuyos efectos han venido alertando durante todo el tiempo que ha durado la negociación: reducción de la oferta y subidas de precios, amén de que también puede aumentar la desigualdad entre las comunidades autónomas.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que, con la futura ley, “se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector y la falta de seguridad jurídica provocará una contracción de la actividad en las comunidades autónomas y ayuntamientos que implementen estas medidas, como ya se ha observado en Cataluña -con medidas similares- en el parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas”.
Además, la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de ésta a alquiler social- producirá, según APCEspaña, una reducción de la inversión y una huida del capital a las regiones donde no se aplique la norma, inversores que incluso podrían abandonar sus proyectos en España “en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley”.
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