La política de vivienda cuenta desde julio con dos nuevos instrumentos: la estadística oficial del alquiler elaborada por el Gobierno central y el Pacto Regional por la Vivienda de la Comunidad de Madrid, herramientas que -junto a la Ley Estatal de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– pueden ser decisivas a la hora de abordar el problema que tienen muchas familias y especialmente los jóvenes para acceder al mercado residencial.
El Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda -ese ‘potente mecanismo’ que el Ejecutivo había ‘vendido’ como el único medio de tener datos fiables de cara a vigilar y contener las subidas de rentas- es ya una realidad. Un hecho que ha sido bien recibido por el sector, que reclamaba desde hace tiempo una estadística oficial, pero que sabe a poco tras la expectación que su elaboración había despertado.
El motivo es que el registro de precios nace ya obsoleto, puesto que -tal y como está ahora mismo realizado- es difícil que refleje la realidad actual del mercado, por lo que podría no ser tan útil como se esperaba a la hora de ayudar a las administraciones a tomar medidas en la buena dirección.
Se ha elaborado, según el ministerio, a partir de los datos de 11,2 millones de arrendamientos recabados en cuatro ejercicios tributarios de 2015 a 2018 y se actualizará anualmente, con lo que los datos más recientes que ahora se pueden consultar corresponden a 2018. Hasta finales de 2020 no se incorporarán las cifras de 2019, por lo que el índice estará siempre muy desfasado y hasta dentro de muchos meses no reflejará, por ejemplo, el impacto del Covid-19 en el arrendamiento. A lo que hay que añadir que, de momento, el País Vasco y Navarra han quedado fuera de la estadística.
A pesar de dichas pegas, los profesionales del alquiler valoran positivamente contar con un registro fiable cuyas cifras proceden de la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, el catastro inmobiliario, los Registradores de la Propiedad, el Banco de España, los depósitos de fianzas de las CCAA o la oferta de los portales inmobiliarios, aunque siguen recelando de que el Gobierno utilice finalmente la estadística para imponer una limitación de rentas en las zonas más tensionadas, posibilidad que se ha quedado en el aire.
La otra gran herramienta, el Pacto Regional por la Vivienda suscrito por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también nace con grandes expectativas, en este caso para fortalecer la colaboración público-privada en el sector. El pacto es ambicioso, ya que busca lograr acuerdos en materia fiscal, así como impulsar la vivienda pública, fortalecer el cooperativismo, amén de lograr más claridad normativa, seguridad jurídica y agilización de los trámites administrativos. Todos, objetivos muy necesarios para impulsar el sector, aunque se echa en falta una mayor concreción de las medidas para evitar que todo se quede en una mera declaración de buenas intenciones.
Sea como sea, el pacto de colaboración por la vivienda marca pautas a seguir que van por el buen camino y me quedo con el mensaje de unidad que dio uno de los firmantes. Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei), dijo que “con este acto se demuestra la unión del sector inmobiliario para atajar de forma rápida y efectiva la crisis del Covid-19 con medidas creadas por todos que servirán para rescatar a uno de los principales motores de la economía española”. Y eso es un buen punto de partida.