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La Comunidad de Madrid inicia el proceso para poner en marcha las nuevas rebajas fiscales en materia de vivienda

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso para poner en marcha las nuevas deducciones fiscales con las que  pretende facilitar el acceso a la vivienda. Unas rebajas fiscales se pondrán que se pondrán en marcha este año, según las previsiones el Ejecutivo autonómico, y que se enmarcan dentro del Pacto Regional por la Vivienda presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de facilitar la compra, el alquiler y combatir la despoblación, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Con este fin, el Consejo de Gobierno analizó ayer un anteproyecto de ley que incluye una batería de rebajas fiscales sobre el IRPF, impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, que, según los cálculos del Ejecutivo madrileño,  beneficiarán a cerca de medio millón de ciudadanos con un ahorro estimado de 118,2 millones de euros el primer año de su vigencia.

Como primer paso, el Gobierno autonómico ha elevado a audiencia e información pública el texto de la norma para que esté a disposición en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. De esta manera, se inicia el procedimiento ordinario en estos casos que finalizará con su aprobación por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas, para que posteriormente el proyecto de ley se registre en la Asamblea y se inicie la tramitación parlamentaria. Una vez aprobad, entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno autonómico considera que las deducciones  y bonificaciones beneficiarán a medio millón de ciudadanos con un ahorro de 118,2 millones el primer año de su vigencia

En concreto se establecerá una deducción en el IRPF de 1.000 euros a quienes formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, que hayan estado en desuso al menos un año, y se incorporen al mercado del alquiler con contratos de duración superior a 3 años. Los beneficiarios serán los propietarios o usufructuarios que no tengan más de cinco propiedades inmobiliarias. El ahorro sería de 20 millones de euros y alcanzaría a 20.000 ciudadanos.

En cuanto a los préstamos hipotecarios por vivienda habitual, se creará una bonificación del 25% sobre la diferencia que se establezca entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros anuales, siempre que el préstamo sea de tipo variable. Se estima que esta iniciativa beneficiará a cerca de 450.000 contribuyentes y generará un alivio fiscal en torno a los 90 millones de euros.

Medidas fiscales para combatir la despoblación

Además, el Gobierno regional ha diseñado un nuevo paquete de rebajas tributarias para combatir la despoblación de los municipios rurales. El objetivo es ayudar a los jóvenes menores de 35 años para que establezcan su residencia habitual en alguna de las localidades con menos de 2.500 habitantes, bien sea compra o alquiler. En total, se prevé que beneficiará a más de 1.200 contribuyentes y generará un ahorro de más de 8 millones de euros durante el primer año.

Por un lado, se fija una deducción por traslado de la residencia a uno de esos municipios de 1.000 euros en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia, con la condición de que el contribuyente la mantenga los tres ejercicios siguientes.

Por otro, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en uno de estos pueblos se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez ejercicios fiscales.

Junto a ello, se establecerá una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), en caso de vivienda nueva.

Transformar oficinas en viviendas

Asimismo, Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al informe de la nueva Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que permitirá la transformación de oficinas en pisos de alquiler a precio asequible.

El Ejecutivo madrileño estima que la Ley se podrá aplicar para liberar 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas para su transformación en un total de 20.000 nuevos pisos en municipios de la región.

El informe ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y la previsión del Gobierno es que la aprobación de la ley se produzca durante las próximas semanas para su inmediata entrada en vigor tras su tramitación en la Asamblea de Madrid.

La normativa de la Comunidad de Madrid establecerá una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario –destinado a oficinas- a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. Esta novedosa acción será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento.

En su lugar se podrá realizar mediante licencia, habilitando un plazo de dos años para solicitarla, desde la entrada en vigor, y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.

Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid facilita el acceso a la vivienda mediante la simplificación de trámites, reducción de cargas o modificaciones que permitan una mejora organizativa y un impulso de esta actividad económica.

El Ejecutivo regional pone en marcha una ley con la que pretende transformar 1,8 millones de m2 de oficinas en 20.000 viviendas

Además, incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.

También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda. En todo caso, se respeta la autonomía local. Así, los ayuntamientos podrán decidir no aplicar en su término municipal el régimen previsto, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.