El Gobierno prorroga las moratorias en alquileres y la prohibición de los desahucios, pero no amplía la moratoria hipotecaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de parte de los puntos del llamado “escudo social” aprobado de urgencia al inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

De esta forma, se ha ampliado hasta el 31 de enero del 2021 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y las subidas “abusivas” del alquiler, dando así continuidad a las medidas aprobadas en plena crisis sanitaria. Entre otras acciones, también se mantiene la obligación de los grandes propietarios de aceptar pagos aplazados con una reestructuración de la deuda en al menos 3 años o quitas del 50% en la cuota.

Sin embargo, el Gobierno no ampliará las moratoria hipotecaria ni la prohibición del corte de suministros como agua, luz o gas a familias vulnerables, por lo que ambas medidas vencerán este miércoles.

De esta forma, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta este martes, 29 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses, al tiempo que la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, también concluye este miércoles.

Las medidas, lanzadas en marzo, ya se prorrogaron en julio hasta el 30 de septiembre, por lo que estaban a punto de caducar. Con esta prórroga de algunos de estos puntos, el Gobierno busca aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos.

Medidas que se mantienen

En la prórroga se recoge la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas. Los beneficiarios, como en el resto de medidas, serán personas vulnerables, como los parados, afectados por ERTE, autónomos con reducción de ingresos con ciertos límites salariales –1.635,8 euros mensuales– y personas en reducción de jornada.

Respecto a los alquileres con grandes tenedores, estos grandes propietarios (dueños aproximadamente del 5% de las viviendas en España) tendrán la opción de realizar una quita del 50% en el arrendamiento de sus inquilinos o deberán aceptar una reestructuración de la deuda en 3 años.

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