El Consejo de Ministros extiende la prórroga de los contratos y el aplazamiento de los alquileres hasta mayo

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de los contratos de alquiler y los aplazamientos de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda o entidades públicas hasta el 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, con el objetivo de “extender la protección de las personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad”.

Se trata de algunas de las medidas aprobadas en marzo con la irrupción de la pandemia y que se han ido prorrogando estos meses, pero que decaían el 31 de enero.

En el caso de la prórroga de los contratos de alquiler, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. No podrán modificarse ni fianzas, ni rentas aunque el contrato expire ya.

De esta forma, el precio del alquiler y las condiciones del contrato actual seguirán vigentes durante los próximos seis meses a petición del inquilino.

“Esta medida solventa la anomalía transitoria de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y en un contexto de movilidad condicionada o reducida, y de actividad y rentas arrendaticias en el sector del alquiler afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar”, señalan desde el Gobierno.

En un principio, esta medida estaba contemplada hasta el 21 de agosto de este año, se amplió hasta el 30 de septiembre, recientemente hasta el 31 de enero de 2021 y ahora se alarga hasta la finalización del actual estado de alarma.

Aplazamiento de la deuda

También se ha extendido hasta la finalización actual del estado de alarma la moratoria de la deuda para arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica a causa del coronavirus cuyos propietarios sean grandes tenedores de vivienda (entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m²) y empresas o entidades públicas de vivienda.

De esta manera, se aplaza “temporal y extraordinariamente” el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que no haya acuerdo, el arrendador podrá pedir una reducción del 50% en las rentas o bien un aplazamiento de la deuda durante cuatro meses.

En estas situaciones, la persona alquilada no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

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