La vivienda requiere actuaciones urgentes, pero contrarias a las que propone el Gobierno

Tribuna firmada por Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.

El Ejecutivo continúa apostando, erróneamente, por intervenir el mercado para tratar de solucionar el problema de la vivienda. Para ello, ha iniciado una nueva ofensiva fiscal a través de la Proposición de Ley presentada por el PSOE que contempla subidas de impuestos a socimis, viviendas vacías, extranjeros y pisos turísticos.

Ya nadie discute que la vivienda es un problema que constituye una emergencia social, que requiere actuaciones urgentes que no se pueden aplazar. Y así también lo ha debido entender el Gobierno al impulsar al Grupo Parlamentario Socialista a presentar en el Congreso de los Diputados, el pasado 22 de mayo, una Proposición de Ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, que la Mesa de la Cámara acordó admitir a trámite, con fecha 30 de mayo, para su debate.

Debemos preguntarnos en primer lugar por qué una Proposición de Ley presentada por el PSOE y no un Proyecto de Ley presentado por el Gobierno: la respuesta es simple, para evitarse los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado entre otros, además de no requerir una Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la que se justifique la necesidad de aprobarla, y tener que someterla a consulta pública, se abriría un plazo de enmiendas, los partidos políticos tendrían dos opciones: realizar propuestas de cambios (incluso enmiendas a la totalidad) al proyecto de ley o devolver el texto al Ejecutivo para que lo sustituyera por uno nuevo.

Todo es más fácil mediante una Proposición de Ley: basta con una Exposición de Motivos y, en su caso, una Memoria económica (que, por cierto, no incorpora), que evitará una nueva derrota parlamentaria al Gobierno, pues siempre se puede negociar con sus socios o retirarla (como ocurrió in extremis con la denominada ley de seguridad jurídica).

Veamos qué medidas incluye esta Proposición de Ley, muchas de ellas suficientemente conocidas por haber sido anunciadas varias veces, aunque nunca se había dado el paso de llevarlas al Congreso de los Diputados:

• Modificación de la legislación sobre socimis (una obsesión del Gobierno y sus socios, actuales y pasados, recuérdese si no a Podemos clamando por la desaparición de las socimis y las sicav), para aplicarles un gravamen especial del 25% (frente al 15% en vigor) cuando los beneficios objeto de distribución no deriven de la actividad de arrendamiento de viviendas. Y lo más importante: con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2025, que conculca el principio de irretroactividad de las leyes. Más inseguridad jurídica, ¿quién va a querer crear una socimi cuando (hipotéticamente) se apruebe la ley?
• Tributación de los arrendamientos de viviendas turísticas al 21% en el IVA. Y, cabe preguntarse: ¿por qué al 21% en lugar de al 10% como tributan los establecimientos hoteleros, si el servicio que prestan es sensiblemente igual, más aún cuando tienen la consideración de actividad económica? La respuesta es sencilla: porque están dispuestos a acabar con ellos, sin caer en la cuenta de que puede tener un efecto negativo sobre el turismo, uno de los soportes del PIB.
• Creación de un Impuesto Complementario Estatal sobre la transmisión de bienes inmuebles a no residentes en la Unión europea, del 100% sobre el valor del bien. ¿Por qué estatal?: para que las CCAA no puedan eludirlo, reducirlo o compensarlo con otro impuesto similar. Otro impuesto más sobre el patrimonio, en este caso inmobiliario, y cabe recordar que los Impuestos sobre el Patrimonio han desaparecido del mapa de casi todos los países del mundo, y que en Europa solo lo mantienen Noruega y Suiza, además de España, solo faltaba, no íbamos a ser menos. ¿Alguien cree que un no residente estará dispuesto a pagar el doble del valor de un inmueble solo porque esté situado en España? Terminarán por expulsar a los no residentes.
• Incremento de los coeficientes aplicables al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se conoce comúnmente por plusvalía municipal. Más carga fiscal para los inmuebles.
• Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (con la excusa de trasponer al ordenamiento jurídico español dos Directivas comunitarias de ¡2014! ¡Anda que se han dado prisa en incorporarlas a nuestra legislación!). ¿Qué supone?: ampliar a un plazo de 80 años los contratos de concesión cuando los inmuebles estén destinados a vivienda social o a precios asequibles. Téngase en cuenta que el objetivo final declarado es que las viviendas que obtengan algún tipo de protección pública no puedan descalificarse nunca.
• Aportación a Sepes de inmuebles propiedad de Patrimonio del Estado, persistiendo en la intención del desarrollo y puesta en marcha de una Gran Empresa Pública de Vivienda (y Suelo, y Construcción, y Gestión). ¿Para qué?: para competir (deslealmente) con el sector privado, para realojar en ella afiliados y/o simpatizantes. Lo que tenía que haberse hecho ya, hace muchos meses, quizá años, es haberlos puesto a disposición de las CCAA y ayuntamientos, para que hubieran implementado políticas activas de vivienda.

Me quedo sin espacio para referirme a las “ocurrencias” de Sumar y Podemos: prohibir el alquiler de la vivienda durante los cuatro años siguientes a su compra, prohibir a las empresas que puedan adquirir viviendas, incluso a los particulares cuando no sea para establecer en ellas su residencia habitual. Ni poder venderlas en los siguientes cuatro años, ni alquilarlas a un tercero, ni alquilarlas por habitaciones. Todo ello en la más pura y rancia economía social-comunista, recordémosles que España tiene una economía social de mercado y que la UE se rige por la economía de mercado.