Podemos quiere obligar por ley a los grandes tenedores a destinar a alquiler social el 30% de sus viviendas

La vicepresidencia de Derechos Sociales, que ostenta Pablo Iglesias, propone que la nueva Ley de Vivienda, obligue a los grandes propietarios de inmuebles a destinar el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que, a juicio de Unidas Podemos, ayudará a poner fin a la “emergencia habitacional” en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como recoge Europa Press.

Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que “ataje de una vez por todas la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios”.

Unidas Podemos argumenta que incluir esta medida en la Ley de Vivienda permitirá aumentar el parque público en 150.000 unidades

Función social de la vivienda

“Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social”, ha defendido.

De este modo, y “no tanto apostando de nuevo por la construcción”, como se va a lograr ampliar “sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler”. “Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país”, ha ahondado.

La secretaria de Estado también ha reivindicado la creación de un “escudo social sin precedentes” ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma y que ejemplifica el “cambio de rumbo” frente a los “recortes” derivados de la crisis de 2008 con “hechos y con políticas”.

Entre ellas, ha destacado la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias.

Discrepancias y retrasos

Precisamente, la intención de Unidas Podemos de obligar por ley a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social y su propuesta de hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, son algunas de las discrepancias que existen entre los dos socios de gobierno de cara a la elaboración de la nueva Ley de Vivienda, aunque también existen diferencias entre los dos partidos en cuanto a las medidas que debe contener la ley para sacar vivienda vacía al mercado de alquiler.

Unos desencuentros que estarían detrás del retraso en el calendario previsto para la aprobación de la norma,  ya que de acuerdo con los plazos que anunció el ministro, José Luis Ábalos, la ley debería haber sido aprobada por el Gobierno en enero, si bien ahora el calendario que maneja el Ministerio es seguir perfilando la nueva ley hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros.

 

 

 

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