Los agentes inmobiliarios cargan duramente contra una ley de vivienda populista y electoralista
El Consejo General de los Coapi (Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) de España ha analizado hoy las consecuencias que, en su opinión, traerá consigo la nueva ley de vivienda tras producirse ayer su aprobación definitiva en el Senado, último trámite antes de su aplicación, una norma a la que han dedicado calificativos muy duros.
Los agentes inmobiliarios consideran confusa la ley y la tachan de invasiva e intervencionista, al tiempo que cuestionan su utilidad por ser una normativa «populista» y con fines electoralistas, que se ha hecho de espaldas al sector y que creen producirá los efectos contrarios a los que pretende, es decir que rebajará la oferta en alquiler, y desincentivará la inversión.
En opinión del Consejo General de los Coapi, “la nueva ley de vivienda crea confusión proyectando en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico una imagen de debilidad y de incertidumbre que perjudica el derecho que se pretende proteger”. Apuntando también “su complejidad, su dificultad interpretativa, la indefinición sobre qué medidas pueden ser de exclusiva competencia del Estado y cuáles de las Comunidades Autónomas.
Además, creen que “muchas de sus medidas son de carácter intrusivo e invade competencias autonómicas, dado que las competencias de vivienda están traspasadas a las Comunidades Autonómicas.
Asimismo, denuncian que la ley interviene en los precios de alquiler intentando establecer un control de rentas. “Una propuesta que promueve el intervencionismo sobre la propiedad privada, afectando a sus derechos constitucionales, perjudicando gravemente a los propietarios, y pretendiendo que aquellos que tienen una propiedad hagan el trabajo que tiene que hacer el Gobierno”. Subrayan que “demonizar a la propiedad para defender el mercado de alquiler es igual de absurdo que demonizar al tejido empresarial para defender el mercado laboral. No existe el uno sin el otro”. Y señalan que “el elemento más bochornoso para un propietario es que para que se acepte una demanda de desahucio tenga que acreditar que no se trata de un gran tenedor, dando por hecho, la maldad de éste”.
Auguran, igualmente, que “limitar el precio del alquiler es una medida que ahuyentará a los grandes inversores internacionales en un momento en que la fórmula “build to rent” (construir para alquilar) está en pleno apogeo”. Y avisan que “la aplicación de las medidas de esta ley a los gobiernos autonómicos que declaren áreas tensionadas va a generar la gentrificación de promotores e inversores hacia las comunidades que no quieran aplicar la ley”.
Partidista, populista y electoralista
En opinión de estos profesionales “topar los precios de los alquileres expulsa a los propietarios del mercado de alquiler, ya que prefieren vender o pasar al alquiler turístico, al de temporada o al de habitaciones, que les proporciona mayor seguridad y rentabilidad”. Por lo que pronostican que Asistiremos a la bajada de la oferta de vivienda en alquiler.
Vaticinando que “mucha oferta actual de alquiler saldrá a la venta. Los inquilinos potenciales más desfavorecidos se verán apartados del mercado, que buscará las máximas garantías, es letal para aquellas personas que quieran acceder a una vivienda en alquiler y no tengan recursos regulares. En resumen, está ley provocará más efectos negativos que positivos”.
También cuestionan las medidas que contempla la ley sobre los procesos de desahucio, al estimar que dificultarán más el desalojo de okupas, “convirtiéndolo en un laberinto burocrático y judicial, ampliando posiblemente el ‘efecto llamada’”.
Finalmente, denuncian que la ley “ha cruzado las líneas rojas del aceptable comportamiento político”, achacando la “precipitación” de su redacción a un “puro interés partidista y con motivación populista, y con la deliberada intención de incidir en el electorado” publicando la ley antes de las elecciones.
