La OCDE rechaza los limites al alquiler y apuesta por impulsar la promoción de vivienda social

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha rechazado cualquier decisión de fijar límites a los alquileres, una medida que a su juicio perjudica a medio plazo el acceso a la vivienda asequible a los colectivos más vulnerables. En cambio, pidió a los Gobiernos que aumenten el gasto público para promover vivienda social.

En su informe Ladrillo a ladrillo: construyendo mejores políticas de vivienda, la OCDE puso de relieve que en los últimos 20 años se ha hecho más difícil el acceso a una vivienda digna. En general, la subida de precios ha provocado que la vivienda suponga más de un tercio del presupuesto del 20% de los hogares más pobres, 5 puntos más que en 2002.

En España, el 46% de los inquilinos de vivienda libre destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media de la OCDE es del 34,2%

Además, en España la situación aún es peor, y según esta organización el 46% de los inquilinos de vivienda libre destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando en la OCDE la media es del 34,2%.

Para España, la OCDE ha rechazado cualquier tipo de control de alquileres en España debido a los amplios efectos negativos que provocaría sobre el mercado del alquiler, sin beneficiar necesariamente a los hogares más necesitados.

La entidad recuerda que la evidencia sobre control y límites de alquileres en otros países y ciudades indica que este tipo de medidas tienden a reducir la oferta, además de desanimar a los propietarios de inmuebles a poner sus casas en el mercado.

Más flexibilidad para incentivar el mercado

El informe sobre vivienda de la OCDE también considera que una regulación «estricta» del mercado del alquiler afecta de forma negativa a la construcción de nuevos inmuebles, ya que se reducen los incentivos para invertir. En cambio, el organismo señala que promover una mayor flexibilidad en la relación entre propietarios e inquilinos puede fomentar la inversión en vivienda, reducir los desequilibrios entre oferta y demanda, y las barreras a la «movilidad residencial».

En este sentido, el organismo insiste en que la mejor política para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler es desarrollar una mayor oferta de vivienda social, especialmente en España, donde la cifra es relativamente baja en comparación con la media de la OCDE.

La OCDE recomienda también repensar los impuestos que gravan la vivienda. La organización destaca que el impuesto que grava las transacciones (en España el IVA en la vivienda nueva o el ITP en la usada) reduce las compras especulativas, pero también dificulta el acceso a la propiedad y la movilidad laboral. En cambio, considera que gravar la tenencia (como hace el IBI) tiene un efecto más neutral.

Con relación a la reintroducción de una desgravación por hipotecas, la OCDE también ha subrayado que no es una medida positiva, ya que estas medidas benefician a las rentas más altas. Además, la OCDE afirma que la evidencia disponible demuestra que este tipo de políticas «incrementan los precios de los inmuebles», por lo que no es «un buen uso del dinero» público.

 

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