El PNV salva ‘in extremis’ el decreto de alquileres del Gobierno

El Gobierno aprobó un Real Decreto en marzo, que ha sido ratificado por la diputación permanente del Congreso hace unas semanas, con el apoyo ‘in extemis’ del PNV. Con este paso, se ratifican las condiciones de los contratos de alquiler, tras la incertidumbre de los últimos meses, aunque no se establecen límites a los precios, como quería su socio de Gobierno, Podemos.

La diputación permanente del Congreso ratifica el Decreto de alquileres del Gobierno

Entre las medidas para “aumentar la estabilidad del arrendatario” figura la ampliación de la prórroga obligatoria de tres a cinco años en los contratos en caso de que el arrendador sea una persona física y a siete años en caso de que sea una persona jurídica, o extender de uno a dos meses el plazo de preaviso cuando el arrendador necesite recuperar su vivienda y que esa opción se encuentre expresamente recogida en el contrato.

Para incentivar la oferta se aumenta la transparencia en la información, se regula la información mínima que deberán recoger los depósitos que se efectúen en las comunidades autónomas, y se da un mandato al Gobierno para diseñar en un plazo máximo de ocho meses un sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda que servirá también de soporte para medidas de carácter fiscal.

Bonificaciones en el IBI

En el mismo sentido, se facilitan también bonificaciones en el impuesto del IBI para incentivar a los dueños de inmuebles que los pongan en alquiler y capacita a las comunidades de vecinos para limitar o vetar la actividad del alquiler vacacional en sus edificios si lo apoyan tres quintas partes de los propietarios de la finca.

En cuanto a las familias más vulnerables, se amplía la protección en caso de desahucio al obligar a que se comuniquen estos procesos a los servicios sociales de los ayuntamientos para evitar que se queden sin techo; se rebaja la carga económica que “en ocasiones supone una barrea al acceso” limitando a dos las mensuales exigibles como garantía de la renta.

En el mismo sentido, destacó se limita cualquier revalorización de los precios a la evolución del IPC durante la duración del contrato, y “facilita” las obras para promover la accesibilidad en los inmuebles, al exigir que su ejecución sea obligatoria si el 75% del coste lo sufragan ayudas públicas.

También se amplía la prórroga tácita de uno a tres años y se amplía el plazo de preaviso de no continuar con el contrato una vez concluya, estableciéndolo en cuatro meses para el arrendador y dos para el arrendatario.

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