El Gobierno aprueba su controvertida ley de vivienda pese a las críticas de CGPJ y del sector inmobiliario

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, a pesar de la controversia que despierta el texto en el sector inmobiliario y de que el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado duramente el texto por considerar, entre otras razones, que vulnera competencias autonómicas.

En la rueda de prensa tras Consejo de Ministros, la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe crítico del Poder Judicial. “El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico”, ha dicho la ministra, aunque ha explicado que el Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de modificaciones técnicas dentro de la ley para “aclarar el por qué entendemos que el Estado tiene competencias exclusivas para regular la vivienda». También se incluirán «referencias a la legislación autonómica” y se refuerza la cooperación entre comunidades.

Con la aprobación del Consejo de Ministros, el texto será remitido a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de ley y se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto, para dar cumplimiento al compromiso de España con la Comisión Europea, al formar parte la futura Ley de Vivienda de las reformas e hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Sin embargo, el trámite del Congreso de la ley de vivienda no se antoja sencillo, ya que cuenta con el rechazo frontal del Partido Popular, cuyas comunidades autónomas han advertido que no aplicarán esta ley. Por lo que la ministra de Transportes ha reclamado unidad a los grupos políticos para apoyar en el Congreso esta norma y que su puesta en ejercicio “sea lo antes posible”.

Criticas del sector

Desde que salieron a la luz las novedades de la Ley de Vivienda, numerosos representantes del sector inmobiliario ha mostrado su rechazo a la norma, especialmente por los mecanismos que establece para controlar los precios de los alquileres a grandes tenedores y en zonas tensionadas

Tras el varapalo de los jueces al texto del Gobierno, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) saltó a la palestra para apoyar la opinión del Poder Judicial sobre la normativa y poner en duda la constitucionalidad de parte del articulado. También la  asociación madrileña de empresas inmobiliarias Amadei  advertía del sinsentido de «meter con calzador una ley abocada a ser carne de tribunales», pues ya el propio Consejo General del Poder Judicial avanza su ilegalidad y algún partido como el PP ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional.

Finalmente, desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), se reitera que esta Ley “supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual”.

María Andreu, directora general de Asval considera que “la discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler supone, en la práctica, una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española”. A su juicio “esta limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles generará una enorme inseguridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión Europea”.

 

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