El CGPJ aprueba por 15 votos a 6 el informe que cuestiona el anteproyecto de la ley de vivienda

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy, por 15 votos a 6, el informe que cuestiona el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, del que han sido ponentes los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.

Han votado a favor del texto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Los vocales Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han anunciado la formulación de un voto particular.

En un comunicado remitido a los medios, el Poder Judicial ha señalado que el informe final incluirá algunas observaciones menores al texto de la propuesta, «sin alterar su contenido sustancial». Hay que recordar que la propuesta recordaba al Gobierno que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica” por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución “corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas”.

Y en ella se criticaba que en la norma que se dé “un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.

Asimismo, en la propuesta de informe se apunta que el derecho a una vivienda digna y adecuada si bien se reconoce en la Constitución, no se «define». Y explicaba que la jurisprudencia constitucional ha precisado que, al estar encuadrado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna, “no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad”.

En cuanto a lo que expone la norma sobre la contención de precios del alquiler que contempla la norma, el informe estima “tiene un alcance limitado y un farragoso contenido”, que tras la pandemia quizás no resulte adecuada, por lo que se decantan,  por la regulación de las limitaciones arrendaticias para los grandes tenedores del artículo 17.7 Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). “En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el Índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado (…) condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal”, aclaran los dos vocales en su informe que ha sido aprobado hoy.

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