La prórroga del Fondo Social de Vivienda ha sido acordada por los ministerios firmantes del convenio, el Banco de España, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria Española, la Ceca, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Plataforma del Tercer Sector. Esta iniciativa se puso en marcha en enero de 2013 con 6.000 viviendas que aportaron las entidades financieras.
Sus posibles beneficiarios son personas y familias que hayan perdido su vivienda habitual después del 31 de diciembre de 2007 por impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
En el momento de la solicitud, los ingresos familiares no pueden superar en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que está situado en 6.454 euros. El fondo facilita su arrendamiento a precios reducidos, entre los 150 y los 400 euros al mes, según fuentes de mercado.
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