El acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos inquieta al sector por su repercusión en los precios y la inversión en vivienda

La posible implicación de Podemos en el Gobierno español, si prospera el acuerdo con el PSOE para gobernar el país, preocupa en el sector, por el control evidente que la formación de Pablo Iglesias quiere ejercer sobre los precios de la vivienda, y sobre todo el alquiler, la puesta en el mercado forzosa de pisos vacíos o el ‘cerco’ legislativo a la inversión privada proveniente de fondos internacionales.

Varios foros sectoriales celebrados estos días dieron cuenta de ellos. En uno de ellos, el organizado por el bufete de abogados Uría y Menéndez y la patronal madrileña del sector, Asprima, su presidente Juan Antonio Gómez-Pintado, que también lo es de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), refirió su preocupación ante la posibilidad de que Unidas Podemos lleve a la práctica algunas de las medidas que ha defendido en campaña, como la limitación de los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas o la extensión de la duración de los contratos de alquiler “más allá de lo razonable”.

“Lo único que va a hacer es detraer la oferta, perjudicar a la demanda, elevar precios y crear una economía sumergida no deseada”, advirtió Gómez-Pintado.

Reproches con tinte electoral

En la jornada, a la que fueron invitados todos los portavoces de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Comunidad de Madrid, se suscitó un debate sobre la vivienda que terminó en un rifirrafe electoral, cargado de reproches entre los participantes, que olvidaron que se trataba de un foro para proponer soluciones al problema de la vivienda, y que parecían seguir en campaña.

Así, la presidenta de la Comisión de Vivienda del PP, Yolanda Estrada, señaló que su partido estaba trabajando en una nueva Ley del Suelo que en la pasada legislatura había sido bloqueada en la Asamblea de Madrid por la izquierda y rechazada en el último momento por Ciudadanos a pesar de su apoyo inicial.

Como hecho curioso, esta fallida nueva Ley del Suelo contemplaba la concesión de licencias de primera ocupación por declaración responsable de la dirección facultativa, una medida que en principio era apoyada por Ciudadanos, y que después retiró el apoyo.

Ahora, el portavoz de Cs Miguel Díaz anunció que ya se estaba trabajando en un borrador de una ordenanza que busca agilizar los plazos y que confió “será de gran alivio para el sector”. El portavoz de Cs le replicó que era necesario buscar el mayor consenso posible para asegurar su permanencia y que no sea cambiada a cada legislatura.

El director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, José María García, negó que fuera necesario dotarse de un nueva Ley de Vivienda para Madrid

Desde Vox, su portavoz, José Luis Bartolomé, mostró sus dudas sobre de la necesidad de una nueva regulación y apuntó que “el problema es que desde 2001 no se ha desarrollado reglamentariamente la ley”, pese a haber sido modificada en más de 10 ocasiones por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, insistió en que haya certidumbre jurídica no solo para los promotores, sino también para los inquilinos, ya que en el pasado, la venta de vivienda pública a fondos de inversión como Blackstone hizo que las condiciones iniciales cambiaran en perjuicio de los ocupantes provocando una “tremenda inseguridad jurídica”.

El portavoz de Más Madrid, Jorge Moruno, llamó a dar una solución para las viviendas vacías, una cuestión de la que criticó la “dejación total” de la Comunidad, de la que dijo, no se ha preocupado en saber cuántas hay, en qué condiciones y porqué están vacías. Los últimos datos, del censo que elabora el INE cada 10 años, el último en 2011, indican que en Madrid había más de 263.000 viviendas vacías.

Recordó, en ese sentido, que el Tribunal Constitucional avaló la medida del Gobierno vasco de expropiar casas deshabitadas durante más de dos años sin causa alguna, siempre que estén situadas en zonas de alta demanda y no sean segunda residencia.

Sin Ley de Vivienda

La necesidad de dotar a Madrid o no de una Ley de Vivienda fue materia de controversia varias veces. El socio del bufete Uría, Antonio Gómez Cid resaltó que, si bien la competencia exclusiva en materia de Vivienda es de las comunidades autónomas, Madrid no cuenta con una Ley de Vivienda a diferencia del “resto de comunidades que sí han regulado” este ámbito.

A ese respecto, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, José María García, negó que fuera necesario dotarse de un nuevo ordenamiento, algo en lo que insistió también el consejero de Vivienda, David Pérez, quien resaltó que “nuestra Ley de Vivienda es la libertad”.

Un punto de vista no compartido por el PSOE, que defiende la necesidad de “dotarse de un marco de reglas claro”, señaló la portavoz socialista de la Comisión de Vivienda, Cristina González.

El director general sí reconoció, en cambio, que la “Administración pública no había tenido capacidad de respuesta para poner a disposición la materia prima de la vivienda, el suelo”, ya que la normativa produce “barreras e inseguridad jurídica”.

En opinión del socio de Uría, la ley urbanística madrileña, que data de 2001, “se ha quedado anticuada y ha sido ampliamente superada por la ley estatal, lo que genera muchos problemas”.

“Se están anulando planes urbanísticos a pesar de estar cumpliendo con la normativa madrileña por incumplimiento con la ley estatal”, destacó.

Por su parte, la vicepresidenta de Asprima, Carolina Roca, criticó que la Comunidad llevara prácticamente “15 años con los suelos paralizados” y apuntó que tras la crisis, la iniciativa privada en la construcción de vivienda protegida no se había recuperado, aludiendo a la serie histórica de producción de vivienda que siempre cita, y que cuantifica en más de 75.000 viviendas protegidas construidas en la década de los 80 y 90, de las que, asegura, un 85% se hicieron desde la promoción privada.

Por su parte, Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, se ha declarado partidario de promover un pacto de Estado en favor de la estabilidad del alquiler y seguridad en las reglas del juego. “Me engancho a ese pacto, porque el miedo que transmiten los fondos y el temor respecto a la posible la regulación de los alquileres, reflejan una incertidumbre por la falta de estabilidad a largo plazo”.

Para abundar en el mismo sentido, el representante del Gobierno ha reconocido que existen unos “diagnósticos y objetivos compartidos, junto con unas líneas de trabajo que deben ser compartidas y que aportan material el pacto de estado y así eliminar el debate sobre la incertidumbre regulatoria”.

Por todo ello, la eficacia en el alquiler pasa “por producir oferta y establecer un marco de estabilidad y seguridad jurídica, objetivos que se conseguirían con ese pacto”.

 

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