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Cataluña aprueba un decreto de urgencia para limitar los precios de los alquileres de temporada

El Gobierno catalán ha aprobado hoy un decreto ley de urgencia para regular los arrendamientos de temporada y el alquiler de habitaciones, con el que pretende evitar que los propietarios de vivienda esquiven la regulación de precios en las zonas de mercado tenso que contempla la ley de vivienda.

La consejera de Territorio, Ester Capella, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern que la Generalitat pretende evitar la “picaresca” y “que se haga efectiva la contención de las rentas en toda su extensión” ante “el vacío legal” de la ley estatal de vivienda.

Según se informa desde la Consejería, el decreto ley modifica varios artículos de la Ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) “y, para evitar interpretaciones interesadas, concreta que el alquiler de temporada es aquél con fines de ocio, vacaciones, recreativas o culturales (certámenes, congresos , ferias, festivales, eventos, etc.). Se consideran usos distintos de los de vivienda y, por tanto, no les es de aplicación la contención de rentas”.

En cambio, delimita que el arrendamiento de vivienda para fines profesionales, laborales, de estudios, de atención o asistencia médica o de otras análogas es alquiler destinado a cubrir necesidades de vivienda permanente, aunque con una duración temporal. Estos casos, pues, están sometidos al régimen de contención de rentas y demás normativa sobre la renta (incluida la prohibición de repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato).

Por eso, el decreto ley obliga a que en todos los contratos de alquiler tenga que constar la causa o finalidad del arrendamiento. Si no se dice, se considerará vivienda permanente.

En cuanto al arrendamiento de la vivienda por habitaciones, la norma indica que la suma de las rentas pactadas en los diversos contratos de vigencia simultánea de una vivienda ubicada en una zona de mercado residencial tensado no puede superar la renta máxima que le sería aplicable si se alquilara como vivienda unitaria.

Sanciones

Por otra parte, introduce una serie de obligaciones en materia de publicidad e información y un régimen sancionador para quien las incumpla. De esta forma, en los anuncios, ofertas y contratos de alquileres es obligatorio informar sobre el precio de referencia del alquiler que resulte del sistema de índices, la renta del último contrato vigente de los últimos cinco años y la condición de gran tenedor del propietario, en su caso.

Por lo que respecta al régimen sancionador, se considera infracción muy grave alquilar la vivienda por un precio que supere el 30% del máximo aplicable según el régimen de contención de precios; infracciones graves alquilarlo por un precio superior de entre el 10% y el 30%; no hacer constar en el contrato la causa o finalidad del arrendamiento y repercutir en los arrendatarios los gastos de gestión inmobiliaria, así como los de formalización del contrato; y es infracción leve no hacer constar la información requerida en la publicidad, ofertas o contratos y alquilar el piso por un precio que supere hasta un 10% el máximo aplicable en la contención de rentas.

Medidas para aumentar el parque público de alquiler

Por otra parte, la nueva norma refuerza la capacidad de la Generalitat de aumentar el parque público de alquiler con dos medidas. La primera, que la Administración tenga derecho preferente de compra sobre la transmisión de viviendas en zonas declaradas de mercado residencial tensado. Este derecho de tanteo y retracto se ejercerá en caso de viviendas propiedad de un gran tenedor persona jurídica inscrita en el registro de grandes tenedores de vivienda, así como en el caso de viviendas obtenidas en los procesos de ejecución hipotecaria o mediante compensación del pago de la deuda con garantía hipotecaria.

Y la segunda, dotando de mayor músculo financiero al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). En este caso, se autoriza que rebaje del 10% al 5% el porcentaje de disponibilidad de los recursos de las fianzas que deben mantenerse para garantizar la efectividad en el pago de las cancelaciones y devoluciones que puedan existir .