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Barcelona y su área metropolitana registran un déficit de 186.000 viviendas de alquiler asequible

Culmia ha presentado su primer informe de “Acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler asequible en Cataluña”, con fuentes de la consultoría GAD3 y del Institut Cerdà, en el que se ha analizado la tasa de esfuerzo de las familias de los municipios más poblados de Cataluña, así como la evolución de los precios del mercado del alquiler y su demanda en comparación con el resto de países y regiones de su entorno.

Entre las principales conclusiones, el informe apunta a que Barcelona y su área metropolitana dispone en la actualidad de una necesidad de hasta 216.000 viviendas de alquiler asequible para destensar los precios del mercado. En relación con la disponibilidad, a corto plazo, el suelo existente en el municipio de Barcelona sólo alberga espacio para 3.000 viviendas protegidas, mientras que el área metropolitana cubre únicamente un 14% de la necesidad, lo que se traduce en 30.000 viviendas. Esto, genera un déficit de suelo para 186.000 viviendas en el Área Metropolitana.

Cataluña necesitaría 225.000 nuevas viviendas asequibles y una inversión de 1.010 millones en los próximos diez años para destensar el mercado de alquiler, según un informe de Culmia

En el conjunto de todo el territorio de Cataluña será necesario el desarrollo de 225.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible, más 68.000 de alquiler público y ayudas a 106.000 hogares para que puedan pasar a régimen de propiedad durante los próximos 10 años para satisfacer la demanda, destensar los actuales precios del mercado y rebajar la tasa de esfuerzo que los hogares catalanes destinan al alquiler, para lo que dedican en la actualidad una media del 30% de sus ingresos.

La inversión pública necesaria para acometer los nuevos desarrollos de vivienda asequible en la región catalana se sitúa en 1.010 millones de euros.

Por provincias, el grueso de esta inversión se concentraría en Barcelona (68%), donde la necesidad mayor obligará a una partida estimada de 700 millones de euros para el desarrollo de 206.000 viviendas. Por su parte, Tarragona concentraría el 16% de la inversión en asequible (200 millones para 10.000 viviendas), Lleida el 12% (100 millones para 4.000 viviendas y Girona el 4% (50 millones para 5.000 viviendas).

El informe también destaca que la actualización del precio de los módulos de VPO en Cataluña, (precio máximo al que se pueden alquilar estos inmuebles), hace que la inversión necesaria para satisfacer la demanda en Cataluña sea sensiblemente inferior que en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Poniendo como ejemplo que la región madrileña precisa de 174.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en la próxima década, con una inversión pública que alcanzará los 5.418 millones de euros frente a los 1.010 millones para 225.000 viviendas en Cataluña.

El suelo disponible en el área metropolitana de Barcelona solo cubre un 14% de la necesidad de vivienda asequible, mientras que el interior de la ciudad alberga espacio solo para 3.000 viviendas protegidas

En opinión de Francisco Pérez, CEO de Culmia, “Cataluña cuenta con una buena base para situarse a la cabeza del desarrollo de vivienda asequible, si bien se precisan todavía políticas que favorezcan una mayor colaboración público-privada que sea capaz de afrontar la demanda inmediata y futura. Durante los últimos años hemos visto reducir el peso de los presupuestos destinados a vivienda en la Generalitat de forma significativa, lo que repercute de forma directa en la falta de soluciones para armar un modelo estructurado que sea capaz de dar solución a una demanda al alza”.

Según se desprende del informe, presentado esta mañana en la sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la partida presupuestaria de la Generalitat se ha mantenido estable en los últimos 17 años, aunque su peso sobre el global del gasto de la Administración catalana ha ido reduciéndose significativamente. En números redondos, durante 2006, el presupuesto destinado a políticas y desarrollo de vivienda suponía el 2,5% del presupuesto total de la Generalitat, frente al 1,8% que representa en la actualidad.