Asprima pide un pacto nacional para recuperar la construcción de vivienda protegida en España
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha presentado hoy su informe “El problema de la vivienda sí tiene solución”, en el que analiza las dificultades para acceder a un hogar que tienen los jóvenes y familias con rentas medias por la escasez de vivienda protegida.
El estudio concluye que, para cubrir la demanda de quienes no pueden acceder a una vivienda libre pero que tampoco entran en los parámetros para ser beneficiarios de viviendas públicas, sería necesario recuperar los niveles de producción de vivienda asequible de más de 75.000 viviendas anuales. Y para lograrlo, los promotores madrileños abogan por un Pacto Nacional de Vivienda, con una estrategia a largo plazo y en el que colaboren las tres Administraciones con medidas que atraiga de nuevo al sector privado a desarrollar casas con precios limitados.
Los promotores madrileños proponen un pacto nacional para producir las 75.000 viviendas asequibles anuales que consideran necesita España
La presidenta de Asprima, Carolina Roca, que ha sido la encargada de presentar el informe, ha afirmado tajantemente que “la producción de vivienda asequible no se ha recuperado en absoluto”, y que año a año ha disminuido el peso de la vivienda asequible nueva, frente a la libre. Explicando que a partir del año 2013 se produce un desplome de la producción de vivienda a precio limitado desarrollándose entre 2014-2022 unas 8.300 unidades anuales, cifras que están muy lejos de las cerca de 79.000 viviendas al año que, de media, se ponían en el mercado entre 1980 y 2010.
Los promotores madrileños consideran que esta escasez de vivienda privada asequible está detrás del hecho de que el 46% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años siga viviendo con sus padres y de que en España hay más de un millón de jóvenes con empleo no puedan emanciparse.
Desde Asprima se quejan de que las recetas que aportan para solucionar el problema de acceso a la vivienda desde todas las administraciones se centran únicamente en la construcción de vivienda pública. Además, Roca ha señalado que aunque se cumplieran todos los anuncios y se edificaran las 183.000 viviendas que han salido a la palestra durante la campaña electoral “no dejaría de ser una gota en el océano” a la hora de dar solución a un problema de déficit de 120.000 viviendas/año, y de más de un millón de jóvenes con trabajo que no se pueden emancipar.
Desde Asprima recuerdan que desde la década de los 70 al año 2000, las políticas de vivienda se implementaron mediante inversión privada y los promotores construyeron 3.272.000 viviendas a precio asequible. Apuntan que una de cada tres viviendas que construía la iniciativa privada tenían el precio o la renta de alquiler topados, poniéndose una media de 75.000 viviendas sociales al año en el mercado. Un modelo que quieren recuperar, sin entrar en que dicha vivienda se destine a compra o alquiler.
Para ello, la Asociación reclama que se debe volver a atraer la inversión privada a la producción de vivienda asequible. Y para conseguir que este tipo de promoción vuelva a ser viable para las empresas promotoras reclaman medidas en tres campos: suelo, legislación, financiación, fiscalidad y mano de obra.
La vivienda protegida cubre la demanda de quienes no pueden acceder a una vivienda libre, pero tampoco entran en los parámetros para optar a una vivienda pública
Desvincular suelo y especulación
El suelo lo identifican los promotores como “el principal cuello de botella” a la hora de desarrollar vivienda privada protegida. Para acabar con esta situación, Asprima aboga por un cambio en las leyes del suelo para que los tiempos de desarrollo no sean de 20 años y para evitar la judicialización del urbanismo. Además, pide flexibilizar los cambios de uso y desvincular el desarrollo de suelo de la palabra especulación “porque en realidad, el suelo es la piedra angular para incrementar la oferta de vivienda asequible”
En lo que se refiere al marco jurídico de la vivienda protegida consideran esencial actualizar los reglamentos de vivienda autonómicos que se han quedado “obsoletos”, así como actualizar los Precios Máximos de Venta, que concretamente en la Comunidad de Madrid están congelados desde el año 2008 “cuando estaban referenciados los precios a un Salario Mínimo Interprofesional de 700 euros”, explica Roca.
En materia de financiación, los promotores madrileños proponen recuperar los convenios con entidades financieras para, mediante avales públicos, permitir incrementar la financiación hipotecaria a los jóvenes y familias solventes, pero sin el ahorro suficiente. También demandan una rebaja de la fiscalidad, recordando que el 25% del precio de una vivienda social son impuestos y que “no puede ser que la producción de un bien de primera necesidad esté más gravada fiscalmente que un artículo de lujo.
Y finalmente, en lo que se refiere a la mano de obra, desde Asprima explican que el necesario incremento de producción de vivienda social que reclaman acentuará aún más la falta de mano de obra ya de por si escasa, por lo que consideran “se debe trabajar en políticas de formación, de transición hacia la industrialización y digitalización y facilitar la contratación de trabajadores extranjeros”.
Asprima ha presentado este informe como antesala a la celebración del Salón Inmobiliario (SIMA), organizado por Planner Exhibitions, y que tendrá lugar del 24 al 27 de mayo en Ifema, una edición la que la vivienda asequible cobrará gran importancia, tal y como ha explicado durante el acto Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de la feria. “SIMA quieres ser parte del debate que se está produciendo en torno a la ley de vivienda», ha dicho Eloy, quien ha remarcado que. «el sector considera que no hay soluciones mágicas, sino medidas de distinto tipo y que la vivienda en propiedad y alquiler deben ir de la mano”.
