Sareb implantará un nuevo modelo de alquiler con acompañamiento social y laboral para 10.000 familias

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha diseñado un nuevo modelo de gestión de las familias vulnerables que residen actualmente en sus viviendas y que requieren de un acompañamiento socioeconómico para superar su situación de exclusión.

Así, la compañía da un paso más en su compromiso social, todo ello bajo la aplicación de principios de sostenibilidad económica y social. Esta estructura de gestión operará de forma independiente a los servicios de servicing generalista y de desarrollo inmobiliario de Sareb. Esto le permitirá completar la evolución de su modelo operativo.

Este nuevo esquema entrará en vigor de manera progresiva en los próximos meses. Además, incorporará gestores especializados en mediación y alquiler social. El objetivo será trabajar progresivamente con las cerca de 9.800 familias que ya habitan en viviendas de Sareb y que podrían acceder a un alquiler social o asequible.

También se pondrá en marcha un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado de la mano de expertos en la gestión de la vulnerabilidad con presencia local que aportará cercanía e interlocución directa. La gestión incluirá una colaboración intensiva con las administraciones competentes en la materia, especialmente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tras un proceso competitivo para la configuración de esta estructura especializada, al que se han presentado tres de las principales empresas de servicing del sector, Sareb ha seleccionado a Servihabitat, que complementará su actuación con una alianza estratégica con Sogemedi y Gesocin, proveedores de servicios sociales con amplia experiencia en mediación, seguimiento y reinserción laboral. Juntos acreditan una trayectoria de gestión de 23.200 familias en alquiler social o asequible y 4.700 contratos de acompañamiento social.

Vivienda social

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo que viene realizando Sareb en materia de vivienda social; bien mediante acuerdos de cesión o venta de inmuebles a las administraciones públicas, o bien mediante la gestión de su propio parque social, que le ha permitido ya regularizar con contratos directos de alquiler a 1.115 familias. Sareb mantiene el compromiso de ceder a comunidades autónomas y ayuntamientos hasta 15.000 viviendas, de las que las administraciones han solicitado hasta el momento unas 3.300 unidades.

Según Javier Torres, presidente de Sareb, este nuevo sistema “reforzará la colaboración entre las administraciones, las entidades del Tercer Sector y las organizaciones sociales para coordinar las necesidades de las familias, aplicando criterios de vulnerabilidad transparentes y un modelo de gestión sostenible”.

Sareb sigue trabajando día a día con la Administración Pública para ayudar a constituir y consolidar un parque público de vivienda de alquiler sostenible en el tiempo, que permita dar soluciones a las familias vulnerables”, afirma el director de Gestión de la Vivienda Asequible y Social y Relaciones Institucionales, Pau Pérez de Acha.

Casi 900 viviendas para refugiados ucranianos a disposición del Ministerio de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión

Por otro lado, Sareb ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un total de 885 viviendas que permitirían dar soluciones habitacionales a refugiados procedentes del conflicto bélico de Ucrania.

La mayor parte de los inmuebles ofrecidos al departamento ministerial se encuentran ubicados en comunidades del arco mediterráneo, donde se ha detectado una mayor necesidad. No obstante, también hay viviendas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja. Del total de inmuebles, aproximadamente un tercio están en disposición de ser habitados de inmediato, mientras que el resto requeriría alguna actuación de adecuación menor.

Sareb refuerza de esta manera su compromiso social atendiendo no solo las necesidades estructurales en materia habitacional que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sino también dando respuesta a crisis puntuales, como hizo con la erupción del volcán de La Palma o el temporal provocado por la DANA en la Comunidad Valenciana en 2019.

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