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Las constructoras denuncian que los contratos de obra pública sin competencia privada se han disparado un 77%

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denuncia que las administraciones públicas están anulando la competencia empresarial al abusar de la utilización de medios propios para ejecutar contratos públicos. Así, de 2021 a 2022 el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.

Si en 2021 las tres administraciones públicas –central, autonómica y local– destinaron algo más de 589 millones de euros a la ejecución de contratos mediante empresas públicas, al año siguiente el importe se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones. Una cantidad que es 4,5 veces mayor que la de 2021 y, en opinión de CNC, «una auténtica irresponsabilidad que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad y aboca a la disolución o al concurso de acreedores a miles de compañías del sector, compuesto en más de un 95% por pequeñas y medianas empresas y por autónomos».

La patronal ha extraído estos datos del informe La publicidad de los encargos a medios propios, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda. Un documento que refleja el disparatado aumento a partir de 2018, cuando apenas se publicaron encargos a medios propios por importe de 3 millones de euros. 

Desde entonces, 121,2 millones de encargos a medios propios por parte de las administraciones públicas en 2019, 66,3 millones en 2020 y 589 millones en 2021. Los 2.631 millones de euros destinados en 2022 reflejan adjudicaciones arbitrarias absolutamente desproporcionadas con consecuencias nefastas para el tejido productivo y para la ciudadanía, ya que es la libre competencia entre empresas la que arroja los mejores resultados. 

En este sentido, CNC advierte de que casi el 80% del uso de medios propios correspondientes al periodo 2018-2022 se concentra en el último año de la serie. En su análisis, OIReScon aborda únicamente los encargos originales, es decir, aquellos suscritos originariamente en el año que corresponda y no en otros distintos pero posteriormente prorrogados o modificados, pues la lista de encargos a medios propios sería mucho más amplia y compleja.

Atendiendo a estos datos, la construcción indica que el sector autonómico es el que más uso de medios propios ha publicado en 2022 con un 44,20% del total, seguido de la Administración Central con un 36,13%. Los ayuntamientos o diputaciones son los que menos porcentaje suponen, con un 19,67%. No obstante, en 2021 el peso de las comunidades autónomas a la hora de abusar de medios propios ascendía al 58,90%, por lo que proporcionalmente este sector ha caído. 

Los datos revelan el abuso sistemático de un mecanismo que debería ser excepcional, y no un recurso habitual por parte de las administraciones públicas. Además, esta práctica conlleva un mayor coste para la Administración contratante y merma la competencia.

Según el presidente de la Construcción, Pedro Fernández Alén, “el abuso de los medios propios no sólo supone una amenaza para la competencia empresarial, sino que puede comprometer los fondos europeos y alejar los objetivos del Plan de Recuperación. Las empresas debemos competir en igualdad de condiciones para seguir creando riqueza, empleo y bienestar para la sociedad”.

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