El Gobierno prorroga la suspensión de los desahucios hasta mayo

El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta mayo la suspensión de los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables que no tengan vivienda alternativa. Con la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, la suspensión de desahucios y lanzamientos aprobada en marzo se prolonga durante todo el estado de alarma actual, declarado hasta el 9 de mayo de 2021.

Además, se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, extendiendo dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas, de manera directa, de los efectos del Covid-19.

Asimismo, mientras siga vigente el estado de alarma, se amplía la prohibición de los cortes de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todas aquellas personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad que se regulan en la normativa, o en una situación equivalente que se pueda acreditar por los servicios sociales. Para ello se debe presentar la última factura eléctrica, donde se debe reflejar la percepción del bono social de electricidad. Actualmente 1,2 millones de hogares se benefician de esta calificación.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que la nueva norma pretende, en el momento de excepcional dificultad que se está viviendo a causa de la pandemia, “preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las personas y familias más vulnerables, así como los derechos de los arrendadores”.

Desahucio por okupación

Los servicios sociales competentes informarán de las situaciones concretas de vulnerabilidad y buscarán una alternativa habitacional. En el caso de que no se encuentre, en los tres meses siguientes a la emisión de dicho informe los propietarios de los inmuebles podrán solicitar una compensación, siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

La compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble, que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes asumidos y acreditados.

La norma también paraliza durante tres meses los desahucios de ocupantes sin contrato de viviendas vacías de grandes tenedores, es decir, de propietarios de más de diez inmuebles. Solo se contemplará esta opción si los inquilinos tienen menores o dependientes a su cargo, o si son víctimas de violencia de género.

Otro requisito imprescindible para seguir este procedimiento, explicó el ministro, es que no haya mediado en la ocupación “violencia, intimidación o ejercicio de acción ilícita y que la vivienda afectada no constituya para nadie residencia habitual, segunda residencia o haya sido cedida a otras personas”. La entrada en el inmueble se habría tenido que producir, además, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Efecto llamada a la ocupación ilegal

La asociación de propietarios de viviendas en alquiler Asval ha mostrado su rechazo a una medida que “ampara la ocupación ilegal” y que tendrá consecuencias. Entre ellas, la asociación que preside el exministro socialista Joan Clos destaca el efecto llamada a la ocupación ilegal que supone, ya que “estas medidas incrementarán los intentos de ocupación de viviendas, tanto a pequeños como a grandes propietarios ante la expectativa de que no podrán ser desahuciados durante un periodo de tiempo”.

Además, Asval advierte de que este decreto abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales al Gobierno por responsabilidad patrimonial, “ya que se atenta contra el derecho a la propiedad privada”. Además, considera que el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados. “También se pone en riesgo la tutela judicial efectiva”, señalan desde Asval.

“Esta litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos”, subrayan desde la asociación, que también destaca como efectos de esta medida los desequilibrios que provoca en el mercado y en el acceso a la vivienda.

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