Lazora ofrece a sus inquilinos una moratoria en el pago del alquiler por el coronavirus
Lazora, sociedad especializada en vivienda en alquiler a largo plazo en España, ha decidido establecer una moratoria de pago del alquiler para aquellas familias cuya situación se vea deteriorada como consecuencia del impacto en su economía de la pandemia de coronavirus.
El programa consiste en aplicar condiciones especiales de aplazamiento del pago de las rentas durante el periodo de estado de alarma y el fraccionamiento posterior, durante un año, de las rentas no abonadas. Y beneficiará, según la empresa, a “todos aquellos inquilinos que se encuentren en una situación de dificultad financiera y vulnerabilidad sobrevenidas como consecuencia del Covid-19”.
La compañía, uno de los gigantes de viviendas en alquiler España, dice haber tomado dicha iniciativa “en línea con su política de responsabilidad social” y los criterios para poder acceder a este programa toman como base los que el Gobierno ha establecido para la moratoria del pago de hipotecas en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adoptado el pasado martes.
La sociedad especializa en edificios en alquiler asegura contar con un equipo de asistencia y mediación social que analizará de forma individualizada cada situación para poder ofrecer así las alternativas que mejor se adecuen a cada circunstancia y ha habilitado un canal especial de comunicación para informar de esta medida a todos sus inquilinos.
Se podrá aplazar el pago del alquiler durante el estado de alarma y fraccionar las rentas no abonadas
La iniciativa de Lazora se une a las que también ya han tomado voluntariamente las principales promotoras del país que han acordado el aplazamiento en el cobro de las próximas mensualidades para aquellos ciudadanos que estén pagando una vivienda de nueva construcción y tengan problemas económicos derivados de la pandemia.
Lazora asegura contar con un equipo de asistencia y mediación social que analizará de forma individualizada cada situación para poder ofrecer así las alternativas que mejor se adecuen a cada circunstancia y ha habilitado un canal especial de comunicación para informar de esta medida a todos sus inquilinos.
Medidas de prevención
La iniciativa ha sido comunicada a todos los inquilinos de Lazora, alrededor de 7.000 en toda España, en una carta enviada hoy, en la que la empresa también les informa de las medidas extraordinarias que ha adoptado en materia de seguridad sanitaria en todos los edificios que gestiona.
A este respecto, tras tener conocimiento de las primeras noticias sobre la llegada de este virus a nuestro país, Lazora afirma haber contacta do con todas las empresas de limpieza con las que trabajan para reforzar los protocolos de limpieza y desinfección en los edificios.
Asimismo, y en línea con las recomendaciones sanitarias, se han cerrado zonas comunes como pistas de pádel, piscinas, gimnasios, salas de reuniones u otros espacios polivalentes, en aquellos edificios en los que existen. A todo el personal de limpieza, de seguridad, incidencias y mantenimiento se les envió un estricto protocolo de medidas de sanidad, como el uso de guantes, mascarillas y distancia física.
Además, se ha encargado realizar en todas las zonas comunes de los edificios un proceso de desinfección sanitaria especial
Un lavado de imagen que nadie se lo cree ya que es bien conocido que Lazora adquiere de forma poco transparente urbanizaciones de Protección Oficial por transmisión siempre de la empresa adjudicataria inicial, en Parla, Pinto, SanSebastián de los Reyes, Alcobendas, etc… Vecinos de todos los municipios soportan los precios abusivos que impone Lazora en Viviendas de Protección pública construidas en suelo público municipal, en muchos casos a través de Concesión pública convocada por los Ayuntamientos. Lazora se dedica a comprar estas viviendas a las empresas concesionarias iniciales, un asunto bastante turbio que se está investigando. En muchos casos el contrato es con opción a compra cuando se trata de viviendas que solo se permite alquilar durante su plazo de protección que suele ser 25 años. En la renovación de los contratos aumentan arbitrariamente su precio entre un 30% y un 40% tratándose de viviendas de protección pública que han recibido subvenciones públicas y cedido su suelo público para facilitar el acceso a ellas a los ciudadanos; mientras ellos se dedican a explotarlas indiscriminadamente. Cabe decir también que en la mayoría de los casos tampoco registran sus los contratos ante la Comunidad de Madrid mediante su visado, trámite obligatorio por Ley. Buscad información en foros como Nuevos Vecinos, LazoraPinto, LazoraParla, etc…