El Gobierno tramitará de urgencia la ley de vivienda para que entre en vigor en el segundo semestre de 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy al anteproyecto de la primera ley estatal de vivienda que se tramitará con carácter de urgencia para que “llegue cuanto antes” al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado —en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros— que el objetivo del Gobierno es que la norma pueda entrar en vigor en el segundo semestre de 2022, como figura en el Plan de Recuperación, ya que la futura Ley de Vivienda forma parte de las reformas e hitos que el Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La futura ley creará la figura de la vivienda asequible incentivada, que será aquella de titularidad privada a la que se otorguen beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo a cambio de destinarla al alquiler a precios reducidos

La ministra ha afirmado que con la norma se dejará de considerar la vivienda “como un bien de mercado” para pasar a “consagrarlo como un derecho”, y ha rechazado que vaya a suponer una retirada de fondos internacionales en el sector, dado que la ley aporta “seguridad jurídica” tanto a propietarios como a arrendatarios.

Novedades

Entre las novedades que contempla el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y de las que informa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana figura que “con la futura ley no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección. Para ello el Anteproyecto establece una estricta regulación de los parques públicos, evitando que vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público de vivienda a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales”.

Asimismo, se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

Además, se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo, que será aquella de titularidad privada a la que se otorguen beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo a cambio de destinarla al alquiler a precios reducidos. “Se trata, según el Ministerio,  de un novedoso concepto que se suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles, favoreciendo la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico, fiscal, entre otros”.

La limitación de precios de alquiler a los grandes propietarios solo se aplicará a los contratos que se formalicen transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor de la ley

Otro de los objetivos de la futura ley es impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Para ello, se establece un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. Asimismo, se clarifica la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de implantar esta medida a las Comunidades Autónomas.

Castigar la vivienda vacía

Igualmente, el anteproyecto de ley abre la puerta a recargar fiscalmente las viviendas vacías a fin de que estos inmuebles se sumen al mercado de alquiler. La norma posibilita que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Mecanismos para limitar los alquileres

En la ley se establecen mecanismos con los que se pretende contener y bajar los precios del alquiler que se aplicarán únicamente en las denominadas “zonas de mercado residencial tensionado”.  En dichas zonas “se establece un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo, que pudiera intervenir en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas” .

Así, como consecuencia de la declaración del área de mercado residencial tensionado se activarán las siguientes medidas, según el Ministerio: “Para las viviendas arrendadas, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor».

Con la futura ley no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social

En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter general a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el Anteproyecto de Ley.

En el caso de que el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. “No obstante, se establece un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para la aplicación de esta limitación referida a sistema de índices de referencia, a fin de que la administración estatal establezca un sistema que pueda ser utilizado para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas”.

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