PSOE y Podemos pactan una ley de vivienda que obligará a los grandes propietarios a bajar el alquiler

Los dos partidos que integran la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo para aprobar la ley de vivienda, según ha anunciado hoy la Secretaría de Estado de Comunicación y ha confirmado después el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Bolaños ha avanzado que la futura ley de vivienda será la primera ley estatal en este ámbito de la democracia y garantizará el derecho a un hogar digno a los colectivos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y a los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse. “Vamos a contener y reducir los precios del alquiler y vamos a incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda, también en alquiler”, ha remarcado, y ha explicado que “un 30% de las casas que se construyan se destinarán a vivienda protegida y de estas la mitad será para alquiler social».

Félix Bolaños también se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluirán un bono de 250 euros mensuales de ayuda al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años con niveles de renta bajos y  que cobren menos de 23.725 euros al año.

Principales medidas

Aunque habrá que esperar aún para conocer el texto del del proyecto de ley, hoy se han conocido algunos de los detalles de la futura norma a través de declaraciones de miembros de Unidas Podemos. Estos han explicado que la norma incluirá un mecanismo de reducción por ley de los precios del alquiler para los propietarios de más de 10 inmuebles quienes tengan más de 10 viviendas y sean personas jurídicas, en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado.

En el caso de los pequeños propietarios no habrá limitación de precios por ley, sino que se intentará desinflar los precios mediante incentivos fiscales para que pongan sus viviendas en alquiler más baratas.

Más allá de la regulación de los precios, la norma también perseguirá a los propietarios de viviendas vacías. El proyecto contempla la posibilidad de que los Ayuntamientos apliquen un recargo del 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que permanezcan desocupados.

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