El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado hoy el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión de 7.000 millones de euros en cinco años, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.
Según el Gobierno, con este nuevo plan se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, y se pondrán en marcha nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, con el foco puesto en el acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables, así como en los municipios más “tensionados” o con riesgo de despoblación.
“El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV.
El plan aprobado hoy contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, no sólo a través de construcción sino también a la adquisición de vivienda existente; otro 30%, se dirigirá a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas; y el 30% restante irá destinado a ayudas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y a la intervención en zonas tensionadas.
Además, con el fin de extremar los controles, el plan incorpora una “cláusula antifraude” para asegurar que las viviendas de protección oficial beneficien a las personas que las necesitan. El plan blinda tanto los controles de los registros de demandantes de viviendas como la transparencia en la adjudicación de las mismas.
El plan también establece que las administraciones tendrán que compartir los datos en materia de vivienda e informar de ellos a la ciudadanía y los medios de comunicación. Además, el Consejo Asesor de Vivienda analizará de manera anual el cumplimiento efectivo del plan, lo que, a juicio de la ministra de Vivienda, facilitará que llegue a los lugares y los colectivos que más lo necesitan,
Ayudas a la promoción
Asimismo, el plan ofrece incentivos directos para aumentar el parque de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, ya que incluye ayudas para promover vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por unidad, que tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.
Igualmente, se otorgarán ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40% de vivienda protegida.
Por otro lado, se habilita una ayuda de hasta 8.500 euros por vivienda si se usan técnicas de industrialización, y se establece otra de hasta 8.500 euros si el nuevo inmueble se construye en una zona declarada como tensionada.
Ayudas a particulares
Entre otras medidas, se incrementa la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros al mes, respecto a los 250 euros mensuales actuales y se establecen ayudas de hasta 15.000 euros para los jóvenes que construyan o adquieran su primera vivienda en una zona rural con un máximo de 20.000 habitantes. Estableciéndose, por otro lado, ayudas para el alquiler a colectivos especiales, como víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
También recoge el plan ayudas a la rehabilitación para actuaciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda; ayudas para mejorar la accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda; y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda.
Finalmente, y entre otras medidas, cabe destacar la creación de una línea de unas ayudas para rehabilitar viviendas vacías con una cuantía de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial, un mínimo cinco años, a un precio asequible.
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