La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) considera que los reales decretos-leyes de vivienda aprobados ayer por el Consejo de Ministros (el primero de ellos publicado hoy en el BOE) trasladan a los propietarios una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», denuncia la asociación.
Asval advierte de que las nuevas normas van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger y sostiene que “los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar”
En opinión de esta entidad, “los decretos suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales: la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley”. Y añade que las nuevas disposiciones “rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad”.
Para la asociación, las normas incumplen, además, los principios de buena regulación, “ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica”.
Asegura Asval que “una norma redactada a la carrera, en el último minuto, solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia” y avisan de que “tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver”.
Asimismo, apunta que estos decretos se suman a las numerosas medidas aprobadas en los últimos años que, “lejos de mejorar la situación del alquiler en España, han desembocado en consecuencias muy negativas para el conjunto de la ciudadanía: menos oferta, precios más altos y más dificultades de acceso para los que no tengan ya un contrato en vigor”, e insisten que “restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace”.
Por ello, Asval pide que se retiren los textos y que la reforma se aborde de forma coordinada con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler.
La asociación urge, igualmente, a construir un verdadero parque de vivienda pública, con una inversión pública a la altura del reto y similar a la de los países de nuestro entorno. “El alquiler asequible no se decreta, se produce, y para producirlo hacen falta recursos públicos, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y propietarios”, concluye Asval, que ofrece su colaboración para lograr ese objetivo.
En la imagen superior: Helena Beunza, nueva presidenta de Asval.
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