El inmobiliario catalán advierte: La ley que limita los alquileres agravará el acceso a la vivienda y la seguridad jurídica del sector

La anunciada aprobación de la “Proposición de ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler” en el Parlament catalán ha encontrado la oposición de buena parte del sector inmobiliario en Cataluña, que advierte de que la aprobación de esta ley que busca intervenir el mercado y limitar los precios del alquiler residencial “solo agravará el acceso a la vivienda y afectará gravemente a la seguridad jurídica del sector por su clara inconstitucionalidad”.

En un comunicado suscrito por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL), estas asociaciones alertan de que “aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características. Al contrario, la medida puede comportar una reducción de la oferta de alquiler“, señalan.

Además, destacan que “la clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda”.

Los firmantes denuncian que “la clara inconstitu-cionalidad” de la proposición de ley creará “un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda”

Asimismo, denuncian “la falta de diálogo durante el proceso de redacción y discusión de la propuesta de ley” ya que han tenido ocasión de exponer su visión del problema. “Lamentamos especialmente no haber sido recibidos, como solicitamos, por el MHP Sr. Quim Torra quien sí atendió al Sindicat de Llogateres con gran repercusión mediática”, se quejan.

En su comunicado, las organizaciones sectoriales reprochan al Govern de la Generalitat que traslade al sector privado la “responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social”, y lo haga con medidas que “se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada” y “superan claramente el marco competencial de l’Estatut de Catalunya vulnerando la Constitución Española”.

Parque público de alquiler

La inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados”, afirman en esta nota en la que abogan por “buscar un equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios“. Propietarios que, como recuerdan en la nota, son mayoriariamente pequeños tenedores, ya que según datos del Incasòl, de los 107.712 propietarios privados del parque de alquiler en Barcelona, el 96% (103.410) poseen entre 1 y 5 viviendas y muchos de ellos utilizan el alquiler para complementar sus ingresos o su pensión de jubilación, entre otros.

Asimismo recuerdan que ya hay ejemplos en Europa, como el de Berlín, donde el establecimiento de la limitación del precio del alquiler ha provocado una disminuida de la oferta del 25%. Y afirman que “el alza en el precio viene determinada por la escasez de oferta” y no por “supuestas actuaciones especulativas” de los colectivos de propietarios.

Es más, desde estas organizaciones destacan también que los grandes tenedores, además de las dificultades para recuperar las viviendas por finalización del plazo contractual o por impago de la renta y la obligación de ofrecerlas en alquiler social a su inquilino (ocupando legítimo o ilegítimo), tendrán que hacer frente a una limitación en la renta que podría hacer inviable el sostenimiento de la actividad. Esta situación provocaría la retirada del mercado de alquiler de sus inmuebles “haciendo ineficientes las escasas medidas de fomento de alquiler que se venían promoviendo anteriormente por el Estado”, señalan los firmantes.

En este sentido, abogan por implantar “medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo, mediante estímulos fiscales de todo tipo (bonificaciones, subvenciones, etc.), y no medidas restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras”.

“Las medidas coercitivas no darán el resultado pretendido, y parecen fruto del desconocimiento del comportamiento del mercado de alquiler”, afirman los profesionales del sector, que advierten del riesgo de “volver a aquellos tiempos en los que la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta (o su actualización de acuerdo con un IPC que no reflejaba la realidad), llevaron a una reducción y un deterioro más que constatable del parque de viviendas de alquiler”.

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