El Poder Judicial plantea que los inquilinos puedan oponerse a los desahucios por impago alegando fuerza mayor por el COVID-19

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha remitido trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia que prepara el Gobierno en relación con la gestión de la pandemia de coronavirus.  En una de ellas, el Poder Judicial plantea que los inquilinos puedan oponerse a los desahucios por impago alegando la concurrencia de fuerza mayor como consecuencia del COVID-19

Los jueces proponen también que las personas físicas que se declaren en concurso no tengan que entregar su vivienda habitual

El CGPJ propone  “introducir la posibilidad, ahora inexistente, de que los inquilinos puedan oponerse a las demandas de desahucio por falta de pago alegando cualquier circunstancia que, teniendo su origen en la situación provocada por el COVID-19, haya supuesto una imposibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones”, ya que “la regulación vigente del juicio verbal en esta materia impide alegar la concurrencia de fuerza mayor».

Cláusulas abusivas

Además, entre las medidas propuestas al Gobierno para el orden jurisdiccional civil también se incluye una relativa a los asuntos que se tramitan en los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, de modo que en aquellos en los que no se discuta la condición de consumidor del prestatario y tuvieran ya señalada fecha para la celebración de la audiencia previa se introduzca la posibilidad de que esta no se celebre y se dice sentencia sin más trámite si las partes así lo aceptan.

En el capítulo de medidas para la especialidad mercantil se plantea asimismo que las personas físicas que se declaren en concurso no tengan que entregar su vivienda habitual cuando el valor de esta solo sirva para pagar parcialmente la deuda, siempre que se cumplan determinados requisitos; o la reintroducción temporal en la Ley Concursal del llamado “reconvenio”, para evitar que entren en liquidación las empresas que como consecuencia de la crisis sanitaria no puedan afrontar los pagos comprometidos en el convenio.

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