SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha mostrado hoy su contundente oposición al proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno. La patronal considera que esta regulación es un “veto de facto” al sector; duda de su encaje legal, y advierte que, su sola publicación ya ha puesto en riesgo alrededor de 9.000 millones de euros en inversiones previstas en España.
En una rueda de prensa celebrada esta mañana, SpainDC ha expresado su rechazo frontal al Proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables al sector, tras presentar formalmente sus alegaciones.
Emilio Díaz, presidente de SpainDC, y Begoña Villacís, directora ejecutiva, han explicado en la sede de CEOE que la acumulación de restricciones prevista puede convertir la norma en una prohibición de facto para el sector y han planteado serias dudas sobre su encaje jurídico, tanto por la cobertura legal de algunas de sus obligaciones como por el reparto de competencias y la naturaleza de determinadas consecuencias previstas. “No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable”, ha señalado Emilio Díaz.
La preocupación de SpainDC no se limita al impacto empresarial y económico, las alegaciones presentadas por la Asociación reflejan las dudas que también hay sobre el fondo jurídico del texto.
“Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida”, ha explicado Begoña Villacís.
Desde que se dio a conocer el texto propuesto por el Gobierno, SpainDC ha mantenido su postura de que la intensidad, acumulación, plazos y penalizaciones impuestos por el nuevo régimen hacen que el resultado sea desproporcionado y la consecuencia perjudique la competitividad de España frente al resto de Europa.
Por eso, SpainDC advierte de que todos estos factores tienen consecuencia directa sobre la capacidad de España para competir por nuevas inversiones. El Informe Anual del sector cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada hasta 2030. Sin embargo, con este nuevo planteamiento legal estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
“Las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. España no compite consigo misma, si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país”, ha advertido Díaz.
Reglas nuevas para proyectos ya en marcha
Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.
Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero.
Las objeciones de SpainDC alcanzan también al régimen de consecuencias previsto. El Proyecto contempla ‘recargos’ de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, pero Villacís ha expresado las dudas de que, por su magnitud, sean realmente sanciones camufladas.
“Si lo llamamos recargo, pero puede llegar al 500% sobre determinados peajes y cargos, aumenta con la reiteración y puede acabar acompañado de consecuencias tan graves como la pérdida del permiso, la pregunta es evidente: ¿estamos ante un recargo o ante una sanción?”, ha planteado Villacís.
Entre las numerosas alegaciones presentadas también figuran las relacionadas con la preocupante combinación de adicionalidad renovable y correlación temporal. El texto, además de exigir una cobertura del 80% mediante nueva generación renovable y obligar a generar la misma cantidad de energía que se consume, añade la obligación de garantizar que la energía que se consuma en una hora determinada haya sido producida en esa misma hora. Esto convierte cualquier proyecto actual en inviable técnica y económicamente.
“No tiene sentido exigir nueva generación renovable cuando ya hay horas en las que estamos vertiendo energía renovable porque el sistema no puede absorberla. Antes de obligar a construir más, deberíamos aprovechar mejor la que ya tenemos”, ha explicado Díaz.
Al mismo tiempo, las alegaciones cuestionan que el Ministerio asuma determinadas competencias en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que SpainDC considera atribuidas legalmente a la CNMC como regulador independiente.
A pesar de considerar que el texto actual necesita una reconsideración total, SpainDC reitera su disposición al diálogo, a las mesas técnicas y al trabajo conjunto con el Ejecutivo y los ministerios implicados.
Imagen:_Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC; Emilio Díaz, presidente de SpainDC; y Cristina Riestra , directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE.
Añadir comentario