La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) ha alertado de que el nuevo Proyecto de Real Decreto del Gobierno para regular el sector podría reducir un 36% la inversión estimada en España hasta 2030, estimada en 66. 900 millones, poniendo en riesgo hasta el 90% de los nuevos proyectos susceptibles de instalarse en nuestro país.
En un comunicado hecho público por SpainDC, la asociación eleva su preocupación tras analizar el Proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital del sector y anuncia que presentará alegaciones al texto y reclama cambios sustanciales antes de su aprobación definitiva.
SpainDC afirma que comparte los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y crecimiento ordenado que persigue el Gobierno. Sin embargo, considera que “el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad de España frente a otros mercados europeos”.
Y apunta que “de aprobarse el Real Decreto, España se situaría como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea, en una línea radicalmente contraria a la de otros países comunitarios, que compatibilizan sostenibilidad y soberanía con capacidad de atraer nuevas inversiones digitales”.
La patronal advierte que el texto afecta, además, a proyectos iniciados bajo el marco anterior, algunos de los cuales pueden llevar años de desarrollo. “Estamos hablando de compañías que toman decisiones de inversión a muy largo plazo. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, un proyecto puede empezar a comprometer suelo, financiación, obra, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros. Las reglas pueden cambiar, pero cambiar de forma estructural las condiciones de esas inversiones y conceder apenas seis meses para adaptarse plantea un problema muy serio de seguridad jurídica y proporcionalidad”, afirma Emilio Díaz, presidente de SpainDC.
“Ordenar el crecimiento no puede significar expulsar la inversión que España ha atraído durante años. Una regulación que pretende reforzar nuestra soberanía digital puede terminar consiguiendo justamente lo contrario: que inversión, empleo y capacidad de cómputo se localicen fuera de España”, señala Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.
La preocupación ya no es sólo teórica. Existen proyectos y planes de inversión que empiezan a valorar alternativas de localización en otros mercados europeos ante un posible marco español más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los tiempos reales de desarrollo de estas infraestructuras.
“La demanda de inteligencia artificial, cloud y servicios digitales no va a desaparecer porque esa infraestructura no se construya aquí. Se construirá en otro lugar y será allí desde donde presten los servicios digitales a empresas y ciudadanos españoles”, añade Villacís.
En opinión de la patronal, “la dimensión económica de lo que está en juego es enorme”. El último Informe Anual de SpainDC estimaba en 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad, mientras que en un escenario restrictivo esa cifra de inversión se podía ver reducida en un 36%.
Sin embargo, lo que hace unos meses se consideraba un escenario restrictivo hoy puede parecer incluso moderado frente al impacto potencial del texto conocido. Aquel escenario ya partía de una previsión negativa, con restricciones de red, mayores dificultades regulatorias, retrasos y desplazamiento de proyectos hacia otros mercados, pero no contemplaba un marco de esta intensidad ni la acumulación de exigencias que introduce el actual Proyecto de Real Decreto.
A partir del conocimiento del mercado y de la experiencia directa en el desarrollo y operación de estas inversiones, SpainDC estima que, si el texto se aprobara en sus actuales términos, podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
SpainDC asegura que “comparte la necesidad de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica asociada a proyectos sin expectativa real de ejecución”. Pero defiende que para ello deben utilizarse criterios de madurez, inversión comprometida, avance efectivo y cumplimiento de hitos, distinguiendo claramente una reserva especulativa de un proyecto real. Entre las principales preocupaciones figuran, además, la combinación de adicionalidad y correlación renovable, las exigencias de eficiencia energética e hídrica, la rigidez contractual y el régimen de recargos.
La asociación cuestiona además el proceso seguido. Informan que el presidente de SpainDC se ha dirigido al ministro y a los responsables de las secretarías de Estado implicadas solicitando una ampliación del plazo de audiencia y la constitución inmediata de una mesa técnica de trabajo con el sector, pero indican que a fecha de cierre de esta comunicación, SpainDC no ha recibido respuesta a esas peticiones.
“El Gobierno nos manifestó que quería trabajar de la mano del sector. Sin embargo, hemos recibido un texto extremadamente desarrollado, con consecuencias muy relevantes para inversiones ya en marcha y futuras, y un margen extraordinariamente reducido para analizarlo. Si existe una voluntad real de diálogo, necesitamos tiempo y una mesa en la que ese diálogo pueda producir cambios efectivos”, señala Díaz.
SpainDC confía en que durante la tramitación pueda alcanzarse una regulación mucho más razonable, proporcionada y compatible con la competitividad de España. Y anuncia que “mantendrá una actitud constructiva y de máxima colaboración para conseguirlo”.
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