Asocimi alerta de la inseguridad jurídica que genera la nueva tributación anunciada por el Gobierno

El anuncio del Gobierno de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año un aumento del Impuesto de Sociedades para las socimi ha sido recibido con preocupación por Asocimi, la asociación que defiende los intereses de estos vehículos de inversión,

Su presidente, Javier Basagoiti, ha afirmado que “con independencia del impacto que pueda tener el establecimiento de un tipo de gravamen del 15% a los beneficios no distribuidos de las socimis, cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la posición competitiva de nuestros REITs frente a otros países europeos sería interpretado negativamente por los inversores que han apostado por nuestro sector inmobiliario ya que genera inseguridad jurídica e institucional”.

Normativa estable

Basagoiti destaca que el carácter estratégico y de inversión a largo plazo del negocio de las socimis “exige que el marco normativo sea estable, seguro y genere confianza para garantizar que los flujos de capital siguen llegando a nuestro país y que las empresas del sector pueden acometer con solvencia sus planes de negocio, cumpliendo así con sus obligaciones con todos sus stakeholders, incluida la propia Administración Pública”.

En opinión del presidente de la asociación: “Entendemos que pueda haber algunos representantes políticos que tengan dudas sobre el papel que juegan las socimis, sobre todo, si tenemos en cuenta que somos un sector muy joven y que todavía nos queda mucha labor didáctica para explicar a la sociedad, los legisladores y los inversores sobre las ventajas de tener un sector inmobiliario especializado y profesionalizado dedicado a la gestión del patrimonio en alquiler con visión permanencia a largo plazo”.

Y defiende el papel que representan estos instrumentos de inversión en el mercado inmobiliario: “Si miramos a los países de nuestro entorno y a Estados Unidos, la contribución de las socimis en la mejora de la calidad, transparencia, liquidez y profundidad del mercado inmobiliario, su desarrollo, la conservación del patrimonio, la adaptación a las obligaciones medioambientales y la profesionalización de la relación con los inquilinos, ha sido extraordinaria”.

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