El Ayuntamiento de Madrid se plantea aplicar las licencias ‘express’ para agilizar la tramitación urbanística de vivienda

El Ayuntamiento de Madrid se plantea aplicar la fórmula de declaración responsable, o licencia ‘express’, a la petición de licencias urbanísticas de vivienda, y en concreto a la de primera ocupación, como mecanismo para para responder a las paralizaciones y retrasos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma.

Lo ha anunciado Mariano Fuentes, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, en un encuentro organizado por SIMAPRO HomeEdition en el que se ha analizado cómo será el urbanismo y la ciudad en la era post COVID-19. En dicho encuentro también han participado Carolina Roca, directora general de Roca grupo Inmobiliario y vicepresidenta de Asprima, Alfonso Vegara, fundador & CEO de la Fundación Metrópoli, y Marcos Sánchez Foncueva, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas y moderador.

El representante del Consistorio madrileño explicó que la fórmula de declaración responsable es una herramienta para desbloquear y agilizar las tramitaciones urbanísticas, mientras digitalizan el departamento de Urbanismo, un objetivo en el que ya están investigando con la creación de una unidad de trabajo que lidere dicha transformación.

Una herramienta, que según el representante municipal, tiene como objetivo que “el sector de la construcción se convierta en un sector refugio para la inversión, en una palanca de la recuperación, y desde la Administración tenemos que contribuir a ello”. Fuentes dice que el Ayuntamiento de Madrid ya está trabajando en este sentido y afirma, que desde el inicio del estado de alerta “ha concedido 300 licencias de primera ocupación, 1.000 para nuevas viviendas, 400 licencias para otros usos, así como para los proyectos de Canalejas y Caleido”.

El Consistorio quiere usar la fórmula de declaración responsable para que la construcción se convierta en palanca de la recuperación

La iniciativa privada, clave

Todos los ponentes han coincidido en la necesidad de diseñar un proyecto de futuro para la ciudad de Madrid que integre a la iniciativa privada en el proceso de decisión de las normativas urbanísticas y en especial del Plan General, y la vicepresidenta de Asprima ha sido una de las más contundentes.

“La Administración tiene que ser capaz de atraer a la iniciativa privada con el fin de impulsar la construcción en el post COVID”, ha afirmado Carolina Roca. Una fórmula que considera necesaria no solo porque “la Administración carece de los recursos financieros necesarios para sacar adelante un Plan General”, sino porque además contribuiría a solucionar graves problemas sociales, como el acceso a la vivienda.

Paralelamente, Carolina Roca ha hecho un llamamiento a la sensatez de las administraciones en la distribución de las ayudas. “Tenemos que tener muy claro que las subvenciones de hoy son los impuestos de mañana, así que tendremos que ser muy eficientes en la salida de esta crisis y en la gestión de estas ayudas”, ha puntualizado.

En su intervención, Roca ha puesto en valor la importante contribución que este sector, puede tener en la recuperación del empleo. “La construcción comporta un uso muy intensivo de mano de obra, por lo que no hay que descartar que incluso llegue a sustituir, al menos en el corto plazo, al verdadero motor de la economía española, el turismo, que con toda seguridad va a tener un período de transición más prolongado”.

En su opinión, esto solo será posible si las diferentes administraciones de nuestro país se involucran sincera y decisivamente en la solución de los cuatro principales obstáculos que lastran el sector. “En primer lugar, su materia prima: el suelo. Hay que rebajar su precio y el de su urbanización. En segundo lugar, los costes burocráticos, la tramitación de licencias, agilizando las de obras y sustituyendo la de primera ocupación por una declaración responsable. En tercer lugar, hay que flexibilizar las normativas urbanísticas y técnicas. Y en cuarto lugar, hay que reducir la fiscalidad sobre la producción de la vivienda, que llega hasta un 25%”.

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