La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 2.000 reclamaciones solicitando al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado por el tope a las subidas del alquiler al 2% en la renovación de los contratos en 2022.
Según explican desde la asociación, las reclamaciones que ha canalizado Asval corresponden a más de 300 pequeños y medianos propietarios que suman 2.000 viviendas y se recogieron desde el mes de noviembre del año pasado hasta el 31 de enero de 2023. La asociación considera esto es solo la punta del iceberg, ya que prevé que la cifra de reclamaciones se eleve en caso de aprobarse la ley de vivienda, que se encuentra en trámite parlamentario.
Asval calcula que durante el tiempo que estará en vigor la medida, desde el 2022 y en 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada. “Más del 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas”, destaca María Andreu, directora general de la asociación, que recalca que con esta reclamación, los pequeños propietarios denuncian que el Estado carga sobre ellos el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración.
La asociación prevé que la cifra de reclamaciones se eleve en caso de aprobarse la ley de vivienda
Esta medida fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2022 como una medida temporal en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque se ha prorrogado en varias ocasiones. La última de estas extensiones se aprobó el pasado mes de diciembre, y ampliaba su validez hasta el final de este año.
Desde Asval hacen notar el descontento de los propietarios por el hecho de que se limite al 2% la actualización de los precios del alquiler sin establecer compensaciones para los más de dos millones de pequeños propietarios que hay en España, cuando “el Gobierno sí ha fijado subsidios para sectores de mayor tamaño dominados por grandes compañías, como el de los carburantes”.
Contraria a la LAU
Y apuntan que “esta limitación es, además, contraria a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite que los alquileres se actualicen con el IPC”. Desde Asval recuerdan que esta actualización de acuerdo a la inflación “ayuda a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o su pensión. Además, los propietarios deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios”. “No obstante, estos propietarios se han mostrado siempre sensibles a la situación de sus inquilinos ante el actual contexto económico, y en algunos casos ya han negociado soluciones”, señalan desde la asociación.
Desde Asval califican el tope del 2% a la revalorización del alquiler como “la medida más restrictiva de la Unión Europea” y hacen notar que “en otros países de nuestro entorno, como Francia y Dinamarca, se han establecido porcentajes menos restrictivos”.
Señalan además que este límite “genera una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduce la inversión en vivienda en alquiler. Esto provoca que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado. “Los colectivos más vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, son los más perjudicados, ya que una menor oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda”, recalca la directora general de Asval.
Para resolver la falta de vivienda social, Asval propone la colaboración público-privada para ampliar el parque de vivienda social y asequible en España. En este sentido, los grandes propietarios han ofrecido la cesión de 25.000 viviendas al Estado durante 25 años, a un precio un 20% por debajo de mercado, para alquiler social a familias vulnerables, incluidas viviendas en situación de ocupación ilegal. “Es una solución ágil y eficaz para la situación de emergencia habitacional que enfrentamos, pero aún estamos a la espera de respuesta por parte de la Administración”, dice María Andreu.
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