El Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que reclama incrementar la construcción y renovación de viviendas en la Unión Europea y reducir las trabas administrativas vinculadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios como parte de la respuesta a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a numerosos Estados miembros.
El texto, impulsado por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, fue respaldado por el pleno de la Parlamento Europeo con 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones. Aunque no tiene carácter legislativo, el documento busca orientar futuras iniciativas comunitarias dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda en el bloque comunitario.
El informe sitúa la falta de oferta residencial como uno de los principales factores detrás de las dificultades de acceso a la vivienda en Europa. Según los datos recogidos en el documento, los precios de la vivienda en la UE han aumentado un 61% entre 2010 y 2025, mientras que los alquileres se han incrementado cerca de un 30% durante ese mismo periodo.
Ante este contexto, el Parlamento Europeo defiende la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevas promociones residenciales. De acuerdo con el ponente del informe, el mercado europeo necesitaría construir alrededor de 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década para responder al crecimiento de la demanda y aliviar la presión sobre los precios.
El texto también subraya la importancia de movilizar inversión pública y privada para impulsar el desarrollo residencial. En este sentido, plantea reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones en la financiación de proyectos vinculados al sector inmobiliario, así como explorar incentivos fiscales que favorezcan la construcción, renovación y alquiler de viviendas, entre ellos la posible aplicación de tipos reducidos de IVA.
Otro de los ejes del informe es la simplificación administrativa de los procesos urbanísticos. La Eurocámara considera que la burocracia asociada a licencias y permisos constituye en muchos casos un obstáculo para el desarrollo de nuevas promociones y propone agilizar estos procedimientos mediante sistemas digitalizados que permitan acortar los plazos de tramitación.
Los eurodiputados recuerdan, no obstante, que las políticas de vivienda siguen siendo principalmente competencia de los Estados miembros y de las administraciones regionales y locales, aunque consideran que la coordinación a escala europea puede contribuir a mejorar el intercambio de información y el análisis del mercado inmobiliario.
El documento también incluye referencias a la necesidad de reforzar las políticas dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, como jóvenes, compradores primerizos o familias con menos recursos, así como a intensificar las medidas para combatir el sinhogarismo en la Unión Europea.
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