¿Qué implicaciones conlleva la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda?
Por Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval
El Gobierno hace unas semanas daba luz verde a la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una legislación, en el marco del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, que pretende dar respuesta a aquellas personas, especialmente los jóvenes, que tienen más dificultades de acceso a la vivienda.
La nueva regulación aún no ha entrado en vigor, el siguiente paso es su aprobación en el Congreso de los Diputados, y aunque se ha solicitado su trámite de urgencia, su aprobación previsiblemente se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
Esta ley contempla distintos aspectos de trabajo donde el objetivo final es la puesta en marcha de instrumentos efectivos para que las administraciones territoriales aumenten la oferta de viviendas a precios asequibles. Entre los aspectos más destacados se encuentran la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando un periodo de al menos treinta años, y una reserva de suelo con fin de alquiler asequible. Con ello, la regulación implica que no se podrá volver a vender, donar o ceder el derecho o el dominio de una propiedad que forme parte del parque público social.
Otra de las novedades que trae consigo esta ley es la introducción del concepto vivienda asequible incentivada, una herramienta con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, facilitando la participación de los actores privados y públicos a través de beneficios urbanísticos y fiscales.
Dicha regulación además pone el foco en aquellas zonas que se encuentran en mayores dificultades, las denominadas zonas tensionadas, donde los precios están expuestos a una mayor tirantez. En este sentido el Ejecutivo ha establecido mecanismos que mediante criterios objetivos disponen qué zonas residenciales están o no tensionadas. Y para ofrecer soluciones a estas zonas concretas estiman herramientas como ventajas fiscales para fomentar el alquiler asequible o hasta mecanismos de contención y bajadas de precios del alquiler. Por ejemplo, se establece para las viviendas arrendadas la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse en la finalización de su contrato a una prórroga extraordinaria en los mismos términos y condiciones que su contrato en vigor. Asimismo, en nuevos contratos de arrendamiento en viviendas ya alquiladas se establece una limitación de la renta igual al contrato anterior. Los mismo ocurre cuando los propietarios son ‘grandes tenedores’ en estas áreas tensionadas el límite máximo del precio estará supeditado al contrato anterior.
“Sin embargo, el sector demanda ir un paso más allá, trabajar unidos fomentando la colaboración público-privada para que la vivienda siga siendo un derecho fundamental y accesible para todos los colectivos”
De igual manera, también establece una modulación del recargo del impuesto sobre bienes inmuebles a las viviendas vacías durante más de dos años y se reforma dicho impuesto a los arrendadores articulando la reducción del impuesto un 50% pudiendo incrementarse este reajuste en otros casos particulares.
En esta misma línea, y bajo el mismo objetivo, el Gobierno recientemente ha aprobado el Bono Joven de Alquiler, un recurso que establece medidas para contribuir al acceso al alquiler de los más jóvenes. El bono estima una ayuda de hasta 250 euros al mes a las personas de entre 18 y 35 años al menos durante dos años.
Esta medida queda supeditada a otros requisitos como la nacionalidad del receptor o su renta. En este sentido sus ingresos no pueden ser superiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, 24.318 euros. Además, la ayuda queda restringida a un máximo de 600 euros al mes por vivienda arrendada y de 300 euros al mes en el caso de alquileres habitacionales. Unos precios alejados del mercado real, sobre todo de las zonas tensionadas del país.
Con todo, si bien es cierto que esta Ley por el Derecho a la Vivienda y acciones como el Bono Joven de Alquiler han sido recibidas por el sector con ciertos recelos, sientan las bases de posibles soluciones para mejorar y acelerar el acceso a la vivienda de los colectivos con menor poder adquisitivo, sobre todo en materia de vivienda asequible. Sin embargo, el sector demanda ir un paso más allá, trabajar unidos fomentando la colaboración público-privada para que la vivienda siga siendo un derecho fundamental y accesible para todos los colectivos.
