El Congreso de los Diputados rechazó el real decreto-ley mediante el cual el Gobierno pretendía imponer una prórroga automática de dos años a todos los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, así como limitar la subida de precios.
El resultado final de la votación fue de 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones, lo que ha supuesto el rechazo definitivo a un texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Además de la prórroga de los contratos de alquiler, el decreto incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a los inquilinos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en declaraciones hoy a RTVE y que han sido recogidas por Europa Press, defendió que los inquilinos que solicitaron la prórroga de sus contratos se encuentran amparados por la vigencia del decreto, subrayando que la medida responde a la voluntad del Gobierno de garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de dificultad. En este sentido, insistió en que la interpretación de la norma debe hacerse atendiendo a su carácter social y protector.
Asimismo, advirtió de que, en caso de que el conflicto termine en los tribunales, el Ejecutivo confía en que la justicia respalde tanto el derecho de acceso a la vivienda como el espíritu con el que fue aprobada la normativa. A su juicio, este enfoque debería prevalecer ante posibles discrepancias jurídicas sobre la aplicación de las prórrogas.
Por último, la ministra quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los afectados, asegurando que el Gobierno les prestará apoyo durante todo el proceso. Según señaló, los inquilinos no estarán solos ante esta situación y contarán con el acompañamiento institucional incluso si se produjera una eventual judicialización del caso.
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