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CNC propone la construcción de 150.000 viviendas al año para aliviar los problemas del mercado inmobiliario

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha propuesto la construcción de 150.000 viviendas anuales para aliviar los problemas del mercado inmobiliario en el transcurso de su Asamblea General. La patronal de la construcción ha estimado que esta cantidad de hogares al año destinada a diferentes finalidades –protección social, venta o alquiler libre, alquiler regulado– sentaría las bases para resolver las dificultades de acceso a la vivienda a partir de un aumento de la oferta. 

La propuesta, formulada por Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reclama un ritmo mínimo de ejecución para atajar este problema, lejos de políticas intervencionistas como el control de precios que, en opinión de la organización patronal, constituye un agravante. 

Desde la crisis financiera de 2008, el aumento de la oferta inmobiliaria no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de los españoles. En opinión de Fernández Alén, la situación actual dista de ser la de la burbuja financiera, cuando se concedían al año más de 900.000 visados de obra nueva, según el Observatorio Industrial de la Construcción. Durante el ejercicio 2023 se terminaron aproximadamente 85.000 viviendas, y se cerró con apenas 132.000 visados de obra nueva, en una tendencia decreciente marcada por los altos tipos de interés y la creación de más de 210.000 hogares anuales. 

Programa de avales y bonificaciones fiscales

En este marco, CNC alerta de que existe un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción, por lo que pide generar una oferta -tanto de suelo como de vivienda- a la altura del momento. Para ello, aboga por un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales.

De igual modo, la patronal ve imprescindible la utilización de la Colaboración Público Privada, sobre todo en pequeños ayuntamientos y comunidades autónomas, así como agilizar los préstamos ICO en los territorios, para lo que pide concienciar a las entidades financieras.

En paralelo, CNC considera necesario implementar un programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los Módulos de los Planes de vivienda. Desde el punto de vista fiscal, la patronal propone implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural.

En el ámbito jurídico, la patronal defiende un impulso de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos, así como favorecer la creación y la seguridad jurídica de los recursos residenciales para las personas mayores, como las viviendas compartidas, las viviendas con servicios comunes y otras modalidades de habitabilidad que incorporen servicios de apoyo y cuidado a quien lo necesite.

Reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal

CNC también ve necesario reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal, a través de la reforma del Código Penal, para proteger y eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda. Y con el mismo objetivo, plantea modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente. Finalmente, la patronal pide huir de la utilización abusiva de medios propios, como el SEPE.

Por otro lado, el presidente de CNC recuerda que el sector se encuentra sin un mecanismo de estabilización de los contratos, como la revisión de precios, a pesar de que la espiral inflacionaria lleva instalada más de tres años en la economía. Por ello, pide volver urgentemente al modelo de contratación pública anterior a 2015, ya que la estabilidad y certeza terminarían trasladándose al ámbito privado. Un modelo que recogía fidedignamente los sobrecostes y las rebajas de precios de materiales y energía. De hecho, con la normativa actual, el número de licitaciones desiertas se ha disparado, elevándose hasta el  10% de las licitaciones públicas dentro de la contratación nacional y 20,5% de las licitaciones concesionales, según datos de 2022.

Según el presidente de la Construcción: “El sector de la construcción debe ser un aliado para lograr los objetivos que se ha marcado el Gobierno en términos de vivienda. Pero si no aprobamos un mecanismo para revisar los precios de los contratos, si no acabamos con el abuso de los medios propios por parte de la Administración, si no agilizamos la ejecución de fondos europeos para acabar con los cuellos de botella y, sobre todo, si no formamos y cualificamos a los 700.000 trabajadores que necesitamos, difícilmente podremos conseguirlos”.

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