La ONU critica la subida mundial de los alquileres de vivienda y pide que los Estados pongan freno

La Relatora Especial de Naciones Unidas para la vivienda, Leilani Farha, ha dedicado su informe esta vez a la situación de la vivienda de alquiler en el mundo y en lo que llama,  la ‘reburbuja inmobiliaria’, defiende un marco regulador del alquiler que limite los precios, “imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

La relatora, en un documento con las ‘Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada’, analiza duramente el papel de la inversión privada en el mercado inmobiliario, un protagonismo que “ha cambiado en los últimos años”. “La vivienda se ha convertido en la mercancía de elección de las instituciones financieras corporativas, una garantía para los instrumentos financieros que se comercializan a distancia en los mercados mundiales”, afirma en este informe.

Aparcar capital

En su opinión, “los inversores institucionales compran grandes cantidades de viviendas asequibles y sociales (a veces barrios enteros), desplazando a las familias y comunidades de menores ingresos”. “Las personas y corporaciones ricas”, continúa, “utilizan los bienes inmuebles residenciales para aparcar capital, eludir impuestos u ocultar ganancias adquiridas ilícitamente”. Esto ha provocado “que se hayan inflado los precios del suelo y de la vivienda, y que partes notables del parque inmobiliario hayan quedado vacías”.

El informe de la ONU critica a los Estados que “han concedido desgravaciones fiscales a especuladores inmobiliarios, ventajas fiscales a los propietarios de viviendas y permisos especiales de residencia a los inversores extranjeros”

La Relatora de Naciones Unidas también pone el acento en los Estados, que “han facilitado y fomentado el cambio en el papel que desempeña el sector privado en el ámbito de la vivienda”. “Han concedido desgravaciones fiscales a especuladores inmobiliarios, ventajas fiscales a los propietarios de viviendas y permisos especiales de residencia a los inversores extranjeros”, y “han desregulado los mercados de alquiler y fomentado el tipo de desarrollo dedicado principalmente a producir viviendas para ricos”. Muchos países, lamenta, “han tratado la vivienda como una mercancía para el comercio y la especulación, en lugar de como un bien social y un derecho humano”.

Regulación de la actividad empresarial

Ante esto, defiende la necesidad de un “cambio de rumbo” de manera “urgente”. “La naturaleza de las obligaciones que los Estados han de imponer a las empresas que intervienen directamente en el desarrollo o la propiedad de la vivienda difiere de la de las obligaciones que se aplican a otras empresas que no se dedican a suministrar bienes que son también un derecho humano”. Para esta responsable de la ONU hay toda una serie de medidas que se deberían aplicar que, en primer lugar, pasan la regulación de la actividad empresarial para “evitar que las inversiones tengan efectos negativos en el derecho a la vivienda”.

En este sentido aboga por impedir “toda privatización de vivienda pública o social que reduzca la capacidad del Estado para garantizar el derecho a una vivienda adecuada”. Además, pide “un marco regulador del alquiler que preserve la seguridad de la tenencia y la vivienda asequible para los inquilinos, por ejemplo, limitando los precios de los alquileres, imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

La “divulgación completa y pública de todas las inversiones en viviendas residenciales para contribuir a prevenir la corrupción, el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos y la elusión fiscal” es otra de sus propuestas, así como gravar “la especulación con bienes inmuebles residenciales y terrenos a fin de frenar la reventa a corto plazo de propiedades” y “los bienes inmuebles residenciales desocupados”.

La relatora, en este informe, incluye también la eliminación de las desgravaciones fiscales preferentes para los propietarios de viviendas y las sociedades de inversión inmobiliaria y los incentivos para la inversión extranjera en bienes inmuebles residenciales, como la concesión de visados preferenciales y de la ciudadanía.

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