Los Ayuntamientos de Madrid podrán construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso

La Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo público dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha destacado esta novedad normativa incluida en la Ley Ómnibus durante su participación hoy en un encuentro organizado por la asociación Women In Real Estate Spain (Wires).

En el evento, «Ley Ómnibus: palanca clave para la activación económica de Madrid», en el que se han analizado las modificaciones más importantes de la ley aprobada por la Comunidad de Madrid que afectan directamente a la legislación urbanística de la región, han participado además de la consejera, Carolina Roca, presidenta de Asprima; Adolfo Ramírez-Escudero, CEO de CBRE España; y Laura Fernández, General Counsel de Aliseda Inmobiliaria y Carmen Panadero, presidenta de Wires.

Un evento organizado por Wires analiza los efectos positivos que para el sector inmobiliario pueden tener  las reformas derivadas de la conocida como ley Ómnibus

Más suelo, flexibilidad y seguridad jurídica

Paloma Martín ha abierto la jornada compartiendo con los asistentes lo que supone la nueva Ley Ómnibus para el sector inmobiliario. “El objetivo y fin último de esta normativa es facilitar el acceso a la vivienda”. Ha señalado que el impulso de esta ley significa profundizar en un modelo que agiliza procesos, flexibiliza suelos y trámites, incrementa la seguridad jurídica, mejora la burocracia y, en definitiva, incrementa la oferta facilitando la regeneración urbana. Asimismo, “favorece la atracción de inversión y la generación de empleo, haciendo a Madrid muy competitiva”.

En cuanto a la seguridad jurídica, ha expuesto que se dota de ella a los expedientes evitando anulaciones como la operación Mahou Calderón o Santiago Bernabéu. Lo que implica que empresas y promotores tendrán mayores oportunidades de acceder a más suelos, facilita que las empresas hagan viables operaciones en suelo urbano aprovechando excedentes. Al tiempo, la Ley Ómnibus también ha flexibilizado actuaciones en suelo rústico.

“Esta ley también supone más colaboración publico privada entre ayuntamientos y entidades urbanísticas para la gestión de licencias y declaraciones responsables. Lo que reducirá las demoras que lastran el desarrollo económico”,  indicó la consejera.

Martín también apuntó que Ley Ómnibus no ha olvidado modificaciones en materia de medio ambiente como la eliminación de la evaluación ambiental o los estudios de detalle. Asimismo, ha expuesto que ha sido una ley que ha escuchado a todos los actores e incorporado sus sugerencias, y tendrá un reflejo inmediato en los nuevos desarrollos como Madrid Nuevo Norte.

En cuanto a la materialización de la normativa, Martín deja en manos de los ayuntamientos este punto. Y ha explicado que el Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, informará a los 179 consistorios de la región sobre las nuevas posibilidades que ofrece la Ley Ómnibus, fundamentalmente en ahorro de tiempo y recursos humanos.

Señalando que la nueva normativa también dota a los municipios con más de 15.000 habitantes de mayores competencias para la aprobación de modificaciones o correcciones a su planeamiento (que hasta ahora requerían modificación del Plan General). Estos tendrán la opción de hacerlo mediante planes especiales, sin que la Comunidad de Madrid tenga que dar el visto bueno definitivo como ocurría hasta ahora. Esta medida supone una reducción de seis meses en los plazos de tramitación, agilizando la implantación de actividades, desarrollos urbanos e inversiones.

El sector recibe la norma con optimismo

Tras la presentación, se ha pasado a debatir entre los ponentes lo que representa esta nueva ley para el sector inmobiliario madrileño. Ramírez-Escudero ha abierto el debate reseñando la necesidad real existente de la agilización para incrementar la oferta. “El déficit crónico de vivienda retrasa el progreso de nuestras sociedades, es importante ese enfoque de la ley”.

La Comunidad de Madrid pretende con esta norma flexibilizar suelos, reducir la burocracia e incrementar la seguridad jurídica para atraer inversiones y fomentar la colaboración público-privada

Laura Fernández, con su doble rol, comparte también la perspectiva positiva de la agilización para el incremento de la puesta en marcha de vivienda, reseñando la seguridad jurídica.

Carolina Roca, por su parte, ve el camino de legislar escuchando al sector como la forma efectiva de avanzar en el propósito de favorecer al sector inmobiliario. Insiste también en la confianza en la colaboración público-privada.

A este respecto, Roca celebra el éxito del Plan Vive por la necesidad de dar salida a los suelos que facilita, al tiempo que apunta la necesidad de escalar la producción de vivienda asequible, dando cabida a la vivienda social privada. Ramírez-Escudero añade la realidad de no olvidar la rehabilitación sobre producto ya construido. Fernández apunta que la visión tiene que ser a largo plazo, la vivienda de reposición es necesario pensar en ella en paralelo.

De cara a futuro, este se presenta optimista, así lo señala la consejera, “estamos trabajando en la reforma de la ley del suelo”. Y no olvida la necesidad de rehabilitación para la puesta en alquiler de un gran número de viviendas.

Para Roca, el futuro reside en que esta Ley Ómnibus sea el inicio del cambio de paradigma que debe continuar para lograr el cambio de la ley del suelo. Según Ramírez-Escudero, el futuro es la seguridad jurídica y atender a los usos. Por último, Fernández apuesta por cuidar a los propietarios para tener un sector profesionalizado, y que se siga escuchando al sector.

 

 

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