Tribuna firmada por Miguel Rodríguez-Viña, director del área de Innovación y Nuevos Proyectos del Grupo Tecnitasa y director general de Controlia.
En los últimos años hemos visto cómo la sostenibilidad se ha convertido en una verdadera preocupación y ocupación para gobiernos, entidades y empresas. Esto ha conllevado la proliferación de normativa en la Unión Europea sobre la sostenibilidad en las finanzas y en el mundo inmobiliario, hasta el punto de que se puede decir que ha habido una sobrerregulación que podría estar suponiendo un importante freno al crecimiento económico. Lo ha advertido Mario Draghi en su famoso informe sobre “el futuro de la competitividad en Europa” de septiembre del 2024. En esta línea, la Unión Europea ha aprobado en febrero de este año un paquete de medidas “ómnibus” con el ánimo de reducir la burocracia y simplificar la regulación en materia de sostenibilidad, algo que está bien pero no es suficiente.
“Los promotores residenciales no perciben ventajas significativas que faciliten el acceso a crédito para proyectos certificados como sostenibles, por lo que optan, en muchos casos, por cumplir solo con la normativa básica en lugar de buscar certificaciones adicionales”
Además, las exigencias en materia de sostenibilidad que impone esta regulación no están siendo acompañadas por la demanda del consumidor final. Los compradores no están valorando lo suficiente este producto certificado como sostenible. Tampoco los bancos y los fondos de inversión están ofreciendo ventajas reseñables para los proyectos sostenibles que motiven a los promotores a llevarlos a cabo.
El coste que supone certificar como sostenible un proyecto inmobiliario residencial, de acuerdo con los sellos reconocidos, es tan elevado que no resulta accesible para un consumidor medio, por lo que solo se llega a implantar en promociones residenciales de alto standing o no destinadas a la venta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que de acuerdo con las últimas actualizaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE), las nuevas viviendas que se promueven ya son energéticamente muy eficientes.
El consumidor está poco incentivado a adquirir una vivienda de obra nueva con un “sello sostenible” pagando un sobreprecio, comparado con otra vivienda nueva no certificada, pero ciertamente con unos niveles de eficiencia energética y calidades similares.
Por otra parte, a pesar de algunas medidas impulsadas por la Unión Europea para hacer frente al elevado coste del Pacto Verde, como los ‘Bonos Verdes’ o los fondos Next Generation, y los esfuerzos del Ministerio para la Transición Ecológica –a través del IDAE–, para coordinar los programas de ayudas en España, los promotores residenciales no perciben ventajas significativas en su industria que faciliten el acceso a crédito para proyectos certificados como sostenibles. En muchos casos, la falta de incentivos reales hace que los promotores opten por cumplir solo con la normativa básica en lugar de buscar certificaciones adicionales.
Es evidente que la sostenibilidad es un bien común, no solo por la defensa del medio ambiente y del clima, sino también para que Europa crezca en independencia energética, algo que –a juzgar por los últimos acontecimientos a nivel mundial– se hace cada vez más prioritario.
Si queremos seguir apostando por la sostenibilidad en nuestro sector, debemos tomar medidas que pasen por desregular sin perder la ambición. Apostar por la tecnología y la innovación, establecer criterios más sencillos para medir la sostenibilidad y estandarizarlos, promover objetivos asequibles –como puede ser la reducción de las emisiones de CO2 mediante el análisis del ciclo de vida–, o fomentar la implementación de materiales reutilizados o reciclados, entre otras soluciones.
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