La vivienda monopoliza la batalla política en el arranque de 2025

La vivienda coge fuerza en la batalla política entre Gobierno y oposición. Las dificultades para acceder a un hogar marcan la agenda de PSOE y PP en el arranque de 2025 y ambos partidos han presentado una batería de propuestas para intentar solucionar el problema que coinciden en el diagnóstico: hay que aumentar la oferta, pero chocan en el modo de lograrlo. La receta del Ejecutivo pasa por intervenir más el mercado, lo que rechazan de plano los ‘populares’ por creerlo ineficaz.

El último barómetro del CIS de 2024 colocaba a la vivienda encabezando el ranking de preocupaciones de los españoles, un primer puesto que repitió en enero, y con un porcentaje mayor de ciudadanos que lo consideran el principal problema, lo que explicaría la gran ofensiva en política de vivienda con la que ha empezado el año.

Gobierno y oposición han hecho de la vivienda su principal campo de batalla en el arranque de 2025, lo que se ha traducido en un aluvión de propuestas con las que ambas formaciones pretenden acabar con la grave crisis habitacional que sufre nuestro país.

El PP inició la ofensiva el 12 de enero, cuando el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos firmaron en Oviedo la denominada “Declaración de Asturias” que contiene diez medidas en materia de vivienda que se van a aplicar en las 14 autonomías donde gobierna, entre las que destacan el compromiso de rebajar a los jóvenes el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 4% y ampliar los avales públicos para hipotecas hasta los 40 años.

El Partido Popular se adelantaba así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo un día después presentó un plan con doce iniciativas en materia de vivienda a nivel nacional. Esta batería de propuestas incluye una exención del 100% en el IRPF a los propietarios que saquen viviendas en alquiler según el Índice de Precios de Referencia; incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los extranjeros extracomunitarios no residentes al comprar una casa en España; la penalización fiscal a los pisos turísticos; y cambios tributarios a las socimis, entre otras.

La cosa no quedó ahí y la vivienda siguió protagonizando la agenda política española los primeros días del año. Como ya había anunciado el PP, la “Declaración de Asturias” era solo un ‘aperitivo’ y el 30 de enero Feijóo presentó un plan de vivienda con más de 30 medidas a una veintena de asociaciones del sector. En dicho plan, el Partido Popular aboga por abrir un tiempo de excepción de 48 meses para agilizar la construcción y rehabilitación de viviendas y crear en ese periodo ”la figura del proyecto residencial estratégico” para reservar “obligatoriamente” la mitad de los inmuebles a vivienda asequible o un precio tasado que sea un 30% inferior a la media del mercado. Con el objetivo de que “el plazo medio de construcción de nueva vivienda que a día de hoy está en diez años se baje a cuatro”, según explicó el líder del PP.

Un día después, el 31 de enero, el PP registró en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, su propia Ley del Suelo, con el objetivo de dar respuesta a la reiterada reivindicación del sector inmobiliario de reformar la normativa para agilizar los desarrollos urbanísticos y la construcción de vivienda, habida cuenta de que la reforma en la que trabaja el Gobierno se encuentra parada en el Congreso.

La vicesecretaria de Vivienda del PP, Paloma Martín, que registró el texto en la Cámara Alta, destacó de su propuesta que introduce el silencio positivo en la tramitación urbanística para reducir los tiempos, de forma que la no emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes se entenderán como concedidos.

En su propuesta de reforma de la actual Ley del Suelo, el PP plantea que puedan ser modificados o subsanados los planes de ordenación urbanística sin que se anulen en su totalidad, exige a todas las administraciones la emisión de informes en plazo y reforma la acción pública para poner límites a la misma y evitar que particulares u organismos puedan impugnar los planeamientos con la única finalidad de obtener un rédito económico.

El PP buscará el apoyo de otros grupos para sacar adelante su Ley del Suelo, que tramitará en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, pero que debe obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados para quedar aprobada.

¿Qué opinan los promotores?

El principal resumen que hace la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) sobre esta avalancha de propuestas es insistir en la necesidad de “alcanzar un gran pacto de Estado en materia de vivienda y urbanismo para mejorar el acceso a la vivienda en España, acabando con el déficit estructural: Hay más hogares que viviendas”.

Además de hacer esta petición, la patronal de los promotores valora positivamente que tanto Gobierno como Partido Popular coincidan en sus respectivos anuncios en la necesidad de poner suelo público a disposición para la construcción de vivienda asequible, una medida que desde APCEspaña se viene reclamando desde hace tiempo.

Los promotores, sin embargo, lamentan que “ante el diagnóstico tan grave, claro y compartido, haya propuestas o medidas por parte del Gobierno que obvien el origen del problema y desvíen las iniciativas a una mayor intervención, que en nada procurará la mayor oferta de vivienda asequible necesaria”.

Y son especialmente críticos con la propuesta del Ejecutivo de limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Su argumento es que “la tipología de vivienda que estos compran, así como su ubicación y características no responden a las necesidades de la demanda doméstica, por lo que no están restando viviendas asequibles al mercado, pero sí que aportan grandes beneficios a la economía y empleo de determinadas zonas de nuestro país, donde existe un mercado consolidado de turismo residencial, en la que compradores extranjeros pasan largos periodos de tiempo aun no siendo sus residencias habituales”. Desde la asociación se recuerda que el peso de compradores no comunitarios no residentes no alcanza el 3% del total de las compraventas.

El recetario sobre vivienda del PP tuvo mejor acogida entre los promotores. Tanto APCEspaña como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) comunicaron oficialmente que las 30 medidas del Plan Urgente de Vivienda presentado por el Partido Popular, “van en la buena dirección”.

La patronal nacional y la madrileña valoran especialmente la figura del ‘Proyecto Residencial Estratégico’, que unificará los trámites y reducirá los plazos de construcción, al estimar que se trata de una medida de urbanismo de emergencia que dotará de seguridad jurídica a la gestión urbanística mediante la agilización de los trámites administrativos, haciendo viables planeamientos y aumentando el parque de viviendas.

Otra medida que aplauden es el silencio positivo, en el convencimiento de que puede fomentar una respuesta más ágil por parte de la Administración, tanto en tiempo como en forma, con el objetivo de que los proyectos residenciales puedan seguir avanzando.

Igualmente, APCEspaña y Asprima celebran las propuestas del PP de reducir la fiscalidad soportada por la vivienda en materia de IVA e ITP, al considerar que pueden aliviar el esfuerzo de los ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda. Y también ven necesaria una ley ‘antiokupación’, para que el parque de vivienda que se construya pueda ponerse en alquiler garantizado la seguridad jurídica del propietario.

Por último, ambas asociaciones subrayan que esperan que la puesta en marcha de este plan sea inmediata, dado que la gran mayoría de medidas propuestas son competencias de las comunidades autónomas y teniendo en cuenta que la elaboración de este plan de vivienda ha contado con las autonomías regidas por el PP.