El desarrollo de data centers puede quedar paralizado por los nuevos requisitos

Tribuna firmada por Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.

El sector de los data centers es un atractivo mercado global, aún pequeño en España. Sin embargo, el proyecto de real decreto asesta un golpe muy duro a su desarrollo al pretender que sean estas infraestructuras las que resuelvan la insuficiencia de la red eléctrica, arriesgando inversiones millonarias.

El sector de data centers es uno de los más atractivos en todo el mundo, pero aún es un mercado pequeño en nuestro país si se le compara con otros de nuestro entorno, medido en términos de potencia IT instalada: 439 MW (no llega a 0,5 GW) al cierre de 2025, con un gran crecimiento, el 25% sobre la existente al cierre de 2024. Y las previsiones eran alcanzar los 2,54 GW en 2030.

Medido en términos de inversión, el incremento es aún mayor: si en 2024 las inversiones y transacciones efectuadas en centros de datos ascendieron a 1.000 millones de euros, en 2025 se habrían multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 4.927 millones de euros.

España es una ubicación estratégica para desarrollar este tipo de infraestructuras: ocupamos la 8ª posición en EMEA. Madrid, que concentra la mayor parte del mercado español, ocupa una posición todavía más relevante: el 5º mercado principal de EMEA, solo por detrás de grandes hubs como Helsinki, Oslo, Milán y Abu Dhabi. Madrid podría alcanzar los 1.105 MW en 2030.

Aun así, estamos todavía lejos de otras ciudades, como Londres (1,3 GW) o París (0,7 GW). Si consideramos Iberia como mercado, los proyectos anunciados alcanzarían los 10 GW, que en la realidad se concretarían en 4,5 GW. De la misma forma que Europa (14,8 GW) está muy por detrás de EE.UU. (45/50 GW y creciendo a gran velocidad). Los centros de datos son una infraestructura necesaria para llevar a cabo la digitalización de la economía y la prestación de servicios digitales, y según el documento Estrategia de IA 2024, elaborado por el Gobierno, se sitúa a España como referente para el desarrollo de este tipo de instalaciones por su ubicación geográfica, clima, liderazgo en energías renovables y conectividad.

Por eso sorprende que el Consejo de Ministros del 25 de agosto aprobase un proyecto de real decreto, con un nombre grandilocuente: “se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos”, abriendo un período de audiencia e información pública desde el 27 de agosto al 4 de septiembre (8 días), posteriormente ampliado, a solicitud de los agentes interesados, hasta el 10 de septiembre (14 días).

Se justifican los requerimientos exigidos para ordenar y priorizar instalaciones que sean compatibles con los objetivos de sostenibilidad energética y medioambiental, pues el gestor de la red de transporte ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso, lo que obliga a reforzar la red, que preveía 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a 3,5/4,0 GW de demanda eléctrica, comprometiendo la soberanía digital y resiliencia energética (sic) de España, por no poder garantizar su autonomía.

Añade el texto que hay que rediseñar estas infraestructuras de forma que España pueda liderar la normativa reguladora en la UE, combinando eficiencia energética, hídrica, ordenación territorial, creación de empleo y crecimiento económico.

Si hacemos una lectura adecuada, lo que persigue el proyecto de real decreto es que sean los centros de datos los que resuelvan la insuficiencia de la red eléctrica, no de generación, que es excedentaria, sino de transporte y distribución, que presenta grandes desequilibrios en muchas zonas del país (limitando, por ejemplo, desarrollos de nuevas viviendas). Y, apoyándose en el reglamento europeo en tramitación, que considera los data centers como recursos estratégicos críticos para la seguridad, la soberanía y la competitividad de la UE, reconoce la dependencia del mercado europeo de un reducido número de proveedores de terceros países: más del 80% de los servicios en la nube y el 90% de los datos europeos están controlados por empresas estadounidenses, que por algo lideran, junto con China, la innovación tecnológica y la IA.

Se asesta un golpe muy duro al desarrollo de nuevos centros de datos en España, al exigir que las nuevas obligaciones se apliquen cuando la potencia de acceso sea ≥ 1 MW, y la potencia tecnológica ≥ 500 kW, además de unos criterios de eficacia en el uso de la energía (PUE = 1,15) y agua (WUE = 0,1), y criterios de adicionalidad y correlación horaria en el consumo de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables. Para ello, establece un sistema de otorgamiento de acceso en función del grado de integración de energías renovables en la generación de energía eléctrica en el mix eléctrico: el 80% de consumo renovable (cuando se alcance o supere el 90% se concederá el permiso sin ninguna exigencia previa, salvo la fijación de un número máximo de horas de consumo).

De nuevo tenemos que hacer una lectura adecuada de los requisitos exigidos: la capacidad media de los aproximadamente 180 centros operativos en España es de 2,5 MW, por lo que se puede decir que todos los existentes estarían afectados por dichas condiciones, si bien solo serán exigibles a aquellos que se conecten con posterioridad a la entrada en vigor del proyecto de real decreto, en el que no figura ninguna disposición transitoria para los que se encuentran en fase de desarrollo, debidamente autorizados conforme a la normativa vigente, pero pendientes de entrar en funcionamiento. Expertos en data centers estiman que el requisito de PUE es exigente, mientras que el de WUE es adecuado.

Asociaciones y empresas del sector consideran que existe un alto riesgo de pérdida de inversiones (buscarán otras localizaciones alternativas en Portugal o Polonia, por citar algunos países), de pérdida de competitividad de nuestras empresas, así como de lastrar el desarrollo económico de territorios como Aragón o Extremadura, donde se llevan a cabo numerosas inversiones en este sector.

Al cierre del período de audiencia e información pública se ha conocido que el Gobierno se muestra abierto a suavizar el documento, ante las numerosas alegaciones y críticas recibidas a su proyecto, siempre y cuando los centros de datos no conlleven, como efecto secundario, elevar el recibo de la luz a los consumidores. Esperamos y deseamos que sea así.