El Pleno del Congreso convalidó ayer por unanimidad el decreto ley para prorrogar cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual para familias vulnerables, y ha acordado que la norma se tramitará como proyecto de ley, lo que abre la puerta a introducir cambios durante su tramitación parlamentaria.
La medida procede del llamado escudo social de la pandemia y se ha venido ampliando periódicamente con los decretos anticrisis. Esta última prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028 y que afecta a supuestos de “especial vulnerabilidad”, fue aprobada por el Consejo de Ministros un día antes de que caducara, para su entrada en vigor con urgencia.
La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que fue la encargada del Gobierno en defender el texto desde la tribuna del Congreso. La ministra indicó que “la actual coyuntura hace pensar que los efectos negativos de la evolución reciente de los tipos de interés pueden extenderse durante los próximos años, por lo que resulta necesario mantener la protección de las familias que lo precisan”. “Haciendo posible la suspensión de los lanzamientos por impago hipotecario con el fin de evitar situaciones de exclusión social a las que estas personas podrían verse avocadas si pierden su vivienda porque no pueden afrontar la subida en la letra de la hipoteca”, afirmó.
La suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables fue introducida mediante el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Aquella iniciativa legislativa fue convalidada y tramitada como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La suspensión de este tipo de lanzamientos se estableció por un periodo inicial de dos años y ha ido prorrogándose en sucesivas ocasiones para mantener la protección de los colectivos más vulnerables.
La primera prórroga fue en 2015 por dos años, la segunda en 2017 por tres, y la última en 2020, en el contexto de la pandemia, extendiéndose por un periodo de 4 años hasta el 15 de mayo de 2024.
El Real Decreto-ley convalidado la Cámara Baja suspende los procedimientos de desahucios por ejecución hipotecaria de la vivienda habitual en determinados casos hasta el 14 de mayo de 2028.
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