La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ha advertido de que el borrador del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y actualmente en fase de participación pública, no resuelve uno de los principales problemas del acceso a la vivienda en España: la falta de suelo disponible para la construcción de vivienda protegida.
La patronal reconoce de manera positiva que el nuevo plan incremente su dotación presupuestaria hasta los 6.000 millones de euros —un 50% más que el anterior—, tal y como destacó el Gobierno en la presentación. Sin embargo, insiste en que el verdadero reto pasa por habilitar suelo para VPO, tanto por parte de promotores públicos como privados, y por reformar una normativa urbanística que retrasa los desarrollos urbanísticos una media de 16 años.
“El aumento de presupuesto es un paso en la buena dirección, pero si no se desbloquea suelo y no se reducen las trabas administrativas, será imposible ampliar de forma sostenida la oferta de vivienda asequible”, señala la organización.
El PEV 2026-2030 establece como objetivos principales ampliar el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles, reforzar la rehabilitación residencial y apoyar a colectivos vulnerables. Desde APCEspaña subrayan, no obstante, que el éxito del plan dependerá de cómo se concreten los convenios con las comunidades autónomas y de si se logra recuperar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión y aumentar la producción de vivienda.
En este sentido, la patronal reclama una estrategia estable y de largo plazo, consensuada entre administraciones y sector, que permita abordar de manera estructural el déficit habitacional en España.
Abierto el proceso de participación pública del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado el proceso de audiencia pública del proyecto de real decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las aportaciones podrán realizarse hasta el 7 de octubre.
El proyecto de real decreto recoge la dotación de 7.000 millones de euros de financiación para ampliar el parque público de vivienda asequible, impulsar rehabilitaciones de barrios y zonas rurales, y desplegar ayudas para jóvenes y hogares que destinen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó el martes las “líneas maestras” del plan en el Consejo de Ministros y el miércoles las expuso a los sindicatos UGT y CCOO, así como a las organizaciones empresariales del sector: la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Tras la fase de audiencia pública, la ministra Rodríguez prevé que el proyecto se apruebe a finales de diciembre.
En el proyecto de real decreto se plantea una financiación de 7.000 millones de euros en los cinco años en los que estará en vigor el plan, lo que, según la ministra, supone triplicar la inversión del plan anterior. El 60% lo aportaría el Estado y el 40% las comunidades autónomas.
Dichos fondos se repartirán de forma que el 40% se destinarán a la construcción del parque público de vivienda, el 30% serán para la rehabilitación y el restante 30% de los recursos serán ayudas.
Las ayudas son de distinto tipo, aunque desde el departamento que dirige Rodríguez destacan las dirigidas a jóvenes como las dirigidas al alquiler con opción a compra de vivienda protegida (de hasta 30.000 euros) o a la compra de vivienda en zonas con riesgo demográfico (de 10.800 euros), que se unen al aval joven y a las destinadas al fomento del alquiler.
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