Castellana Properties ha comunicado a BME Growth que no dudará “en tomar las medidas oportunas” para garantizar su negocio “de la mejor manera posible” si finalmente se modifica el régimen jurídico de las socimis, en virtud del acuerdo político entre los partidos PSOE y Sumar.
La compañía no entiende que existan argumentos para una propuesta de alteración del actual régimen fiscal para una socimi dedicada 100% a retail, “siendo conscientes de que dicha alteración podría provocar la salida de inversores internacionales hacia otros destinos, así como desincentivar la inversión futura en España”, por lo que considera que su obligación “es velar por su negocio, los intereses de sus accionistas y los más de 8.000 puestos de trabajo directos que generan en sus 15 centros y parques comerciales en el territorio español”.
La compañía subraya que las socimis “son un vehículo creado para atraer inversión y dar acceso al pequeño inversor, al ahorrador” y recuerda que otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo o Portugal cuentan “con vehículos similares, sometidos a regímenes fiscales análogos al español”.
Además, recalca que las socimis, como entidades reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), han ayudado a aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario y a generar un flujo constante de inversión y atracción de capital internacional a España.
Castellana Properties subraya que las socimis solo gestionan un 0,69% del total de viviendas en alquiler disponibles en todo el territorio nacional y que disfrutan de un régimen fiscal que ha impulsado la inversión en España, generando ingresos para la Administración española por conceptos como el propio Impuesto sobre Sociedades, IVA, IBI, IAE o Transmisiones Patrimoniales, entre otros, asegurando que el sistema esté sujeto a control y supervisión.
Castellana Properties defiende en su comunicado que las socimi, en su mayoría, invierten en la modernización de inmuebles, mejorando la eficiencia energética de los edificios, lo que reduce los costes operativos y contribuye a la sostenibilidad ambiental.
Resaltando que han generado beneficios sustanciales en términos de inversión, empleo, fiscalidad y desarrollo sostenible y que “han jugado un papel clave en la dinamización del mercado inmobiliario no residencial y la profesionalización del sector contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo de valor añadido en diversas áreas”.
Añadir comentario